Allan Herberth Marroquín Castillo, quien ha cobrado notoriedad por el contrato de usufructo para una nueva terminal de contenedores en el Puerto Quetzal, ha tenido escasa experiencia como funcionario.
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En su currículo pareciera no justificar sus supuestos conocimientos portuarios para poner orden. Sin embargo, cada vez resalta más el hecho de que ha estado muy cercano a empresas de servicios portuarios como abogado, lo que podría hacer pensar a cualquiera que tiene más experiencia como notario de contratos portuarios que como Interventor.
Fundador del bufete Marroquín, Marroquín & Asociados, junto a su padre, José María Marroquín Samayoa. “En materia de contratación pública podemos, sin temor a equivocarnos, señalar que Marroquín, Marroquín S. C., es la oficina jurídica con más experiencia en Guatemala. Nuestra oficina ha participado como coautora de proyectos de ley de contratación pública, concesiones y las vigentes ‘Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes’. Nuestra firma ha asesorado y continúa asesorando proyectos de construcción de carreteras, hidroeléctricas, subestaciones, puentes, hospitales, proyectos habitacionales, contratos de suministro, prestación de servicios profesionales y muchas otros contratos donde el Estado o sus entidades descentralizadas o autónomas aparecen como contratista o socio”, refiere la descripción de uno de los servicios de la firma, intentando convencer, así, a los potenciales clientes que requieran servicios por contratos públicos.
CONTRATOS PORTUARIOS
El 18 de mayo de 2006, Marroquín Castillo y su padre reciben el poder general judicial con representación de Van Oord Dredging and Marine Contractors BV, con inscripción número 1 del PODER 076879-E de Archivo General de Protocolos. El 18 de octubre de 2007, se vuelve a registrar el documento 41432 para otorgar el poder general con representación. El 4 de noviembre se registra el poder general y judicial con representación. El 11 de marzo de 2010 se presenta únicamente a Marroquín Castillo, desligando a su padre, y el 26 de abril se registra de nuevo. No hay documento que certifique la revocatoria.
Van Oord es una empresa holandesa, contratista internacional especializada en el dragado, construcción naval y los proyectos en alta mar (petróleo, gas y eólica).
El 29 de diciembre de 2010, esta empresa, bajo la representación de Marroquín Castillo, obtuvo un contrato de más de 49 millones de quetzales (Q49,293,240.00), por la regularización parcial de la donación recibida por los Países Bajos para la ejecución del proyecto Puerto Pesquero de Champerico, según se lee en Guatecompras.
CONSTRUCCIÓN DE MUELLES
Allan Marroquín fue mandatario, inscrito en el Archivo de Protocolos el 20 de agosto de 2008 de la entidad Corrosión y Protección-Ingeniería, Sociedad Civil, que en total ha ganado contratos por casi 45 millones de quetzales (Q44,796,071.79). El primero adjudicado el 24 de noviembre de 2008, por parte de la Empresa Portuaria Quetzal, con un monto de casi 13 millones de quetzales (Q12,878,977.08) por concepto de renovación protección catódica de los muelles de Puerto Quetzal. El 19 de febrero de 2009, se le revoca el poder. Ya desligado como mandatario, ese mismo año, esta misma empresa vuelve a ganar un contrato por casi 32 millones de quetzales (Q31,917,094.71), por parte de la misma EPQ por concepto de instalación de protección catódica del acero de refuerzo en viga de coronamiento, muelles de Puerto Quetzal.
CON LA OIM
En otro caso, con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Marroquín tiene varios mandatos, que se van otorgando y revocando, desde el 4 de julio de 2003 hasta el 5 de enero de 2012. En 2010 y 2011, la OIM ha sido favorecida con tres contratos en el Puerto de Champerico, que suman más de 85 millones de quetzales (Q85,173,584.87)
El primero, el 20 de marzo de 2010, por más de 31 millones de quetzales (Q31,026,486.00), se le contrata para la liquidación de los recursos aprobados para continuar con la ejecución del proyecto Puerto Pesquero Champerico, según convenio específico. Tres días después, se le otorga casi 41 millones de quetzales (Q40,839,052.87), bajo el mismo concepto.
Y el 1 de enero de 2011, otro contrato por más de 13 millones de quetzales (Q13,308,046.00), para regularizar parcialmente el saldo de caja correspondiente a 2009, específicamente a las colocaciones internas de 2009, saldo de caja.
TAMBIÉN CARRETERAS
Con la empresa Cesel S.A., Marroquín Castillo fue reconocido, junto a su padre, como mandatario el 18 de agosto de 2006. Dos meses después, el 16 de octubre, se le sustituye por Luis Ernesto Velit Suárez, no sin antes haber ganado el contrato para la Supervisión de la Rehabilitación de la Carretera CA-9 sur tramo: Amatitlán – Palín. DGC-023-2005-S, del el 13 de ese mismo mes, por cinco millones y medio de quetzales (Q5,553,840.00).
El 3 de junio de 2005, se presenta como mandatario de FCC Construcción, S.A.; siete días después, el 10 de junio, es sustituido por su padre, pero Marroquín Castillo aparece como apoderado. El 22 de septiembre continúa como apoderado, pero sustituye como mandatario a su padre por Marco Antonio Cumes Juárez.
En 2006, se le otorgaron cuatro contratos, y en este 2012, uno. En total se le han adjudicado casi 390 millones de quetzales (Q389,116,702.72) En el portal de Guatecompras, con los datos actualizados hasta enero de este año, él continúa como representante legal 2, junto a Eduardo Aníbal Cezar Fascio de esta empresa. Este año, en julio, ganó un adjudicación sin concurso por casi tres millones de quetzales (Q2,977,105.00), y se le otorga como una Obligación del Estado a Cargo del Tesoro.
En 2006, recibió Q386,139,597.72 en cuatro contratos, todos con el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
LO CONFIRMA
El Interventor de la Empresa Portuaria Quetzal, Allan Marroquín, confirmó a La Hora ser representante legal de la empresa FCC Construcción, S. A. Sin embargo, aunque reconoció que esa empresa tiene contratos con el Estado, dijo que no los ostenta con la EPQ.
Marroquín también señaló que el Decreto 100-85, Ley Orgánica de la EPQ, establece las prohibiciones para ser miembro directivo y su representación legal es “perfectamente compatible” con su posición de Interventor, porque no coloca impedimentos para ejercer su función, según indicó.
Por otro lado, señaló que él llena los requisitos para administrar la Portuaria, pues conoce bien los procedimientos administrativos y técnicos que cada operación de la EPQ conlleva, y “un funcionario público que no conoce los procesos administrativos se tarda meses en aprenderlos y comete demasiados errores”, afirmó.
“Mis credenciales como profesional hablan por sí mismas”, dijo Marroquín, por lo que no tendría ninguna consideración respecto de las críticas de las que ha sido objeto en los últimos días.
“Si yo tengo experiencia me critican porque la tengo; si no tengo experiencia me critican si no la tengo”, por lo que considera difícil responder a las crítica que carecen fundamento, según su opinión.
“Obviamente de algo tengo que trabajar”, refirió el Interventor, respecto de su expertis como abogado asesor -que dice ya no ser- de empresas que prestan servicio a la EPQ. El trabajo es un derecho constitucional y no un pecado, señaló.
En ese sentido, dijo: “que yo haya representado a una empresa que tenga algún contrato con el Estado de Guatemala, no implica que tenga alguna prohibición”, pues se habría analizado el decreto 100-85 para cuando asumió el cargo, “y no tengo ninguna prohibición de estas”, aseveró. También afirmó que no es, en este momento, representante legal de alguna otra empresa.
Uso de todas las figuras
El comisionado Presidencial para la Competitividad, Juan Carlos Paiz, dijo que el Estado cuenta con varias figuras para hacer inversiones en infraestructura o para que otro tipo de inversores lo hagan.
En ese sentido, las figuras son la de concesión, usufructo, alianzas público-privadas y la inversión netamente estatal.
De esa cuenta, durante el periodo de gobierno del presidente Otto Pérez Molina, “creo que todas las figuras van a ser utilizadas”, afirmó el Comisionado.
Sin embargo, se deberá evaluar para cada obra cuál es la figura más correcta de implementar.
En cuanto al usufructo a Transporte de Contenedores Quetzal, Paiz expresó que se hizo de esa manera porque es lo que la Ley permite y es como siempre se ha dejado que haya inversiones en infraestructura en esa área.
Cada figura debe verse desde la perspectiva de país y no de forma sectorial, pues con el usufructo a TCQ, “la competitividad del país va dar un salto donde va haber un beneficio económico para todos”, afirmó el funcionario.