Hoy se reúne la comisión que dialogará sobre el contrato de usufructo a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) de capital español, en terrenos de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), de donde se espera consolidar cronogramas para aclarar dudas sobre el proceso de cesión del contrato.

Según Lázaro Reyes, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Portuaria Quetzal (STEPQ), la conformación de una mesa de diálogo es “un gran paso para que todo esto se resuelva de una buena manera”.

Parte de las propuestas de los trabajadores es que, según Reyes, “estamos dispuestos a que no recibamos utilidad con tal de invertirlo en la construcción de la terminal de contenedores”, pues el problema que se tiene, “es que la empresa está cediendo la prestación del servicio a un operador privado”, señaló.

El sindicalista enfatizó que “no queremos ceder la prestación del servicio; lo que queremos es que la Empresa Portuaria Quetzal invierta en sus propios muelles y que nosotros sigamos siempre prestando el servicio que toda la vida hemos prestado”.

Las ganancias de la EPQ, que el año pasado sumaron Q90 millones -67 por ciento por intereses financieros y el resto por ganancia operativa- son distribuidas entre el gobierno central, municipalidades, reserva legal, régimen de pensionados y trabajadores. Estos últimos reciben el cinco por ciento del total de las ganancias.

Según Reyes, “prácticamente perderíamos” con la entrada en operaciones de TCQ. A esta queja se suma Javier Lavarrete, presidente del Sindicato de Trabajadores Organizados de Puerto Quetzal, quien afirmó que de US $84 máximo por cada contenedor, la EPQ solo recibiría US $4 de TCQ, lo que perjudicaría los ingresos y las ganancias de la Portuaria y con ello el cinco por ciento de las utilidades de los trabajadores.

Ambos sindicalistas manifestaron estar de acuerdo con la modernización del Puerto Quetzal, pero a través de que la empresa no ceda la prestación del servicio para contenedores, pues indicaron que sería perjudicial para la empresa y los trabajadores.

INVIABLE

Según el Interventor de la Portuaria, Allan Marroquin, la propuesta de los sindicatos “es inviable”, porque de Q90 millones serían máximo de $10 millones los utilizables para construcción. Y para US $120 millones que contempla la primera fase de la construcción de la nueva terminal, luego de un proceso de licitación que llevaría varios años, “sería replicar precisamente las malas prácticas que nos han llevado a tener una portuaria ineficiente”.

“No alcanza el dinero”, señaló, y cada vez que el Estado hace una licitación los precios aumentan porque los contratistas los incrementan debido a los procesos burocráticos que el gobierno aplica.
Esto implicaría solicitud de un crédito que debería pasar por el Congreso de la República y si lo autorizaran, con los Q90 millones la capacidad de pago sería casi nula, afirmó el funcionario.

Al comprometer las utilidades de esa forma, los alcaldes perderían ingresos que limitaría la capacidad financiera de las comunas, agregó.

La reunión de diálogo se realizaría hoy por la tarde, con la participación del Interventor, el Ministro de Trabajo, el Viceministro de la Defensa y el Secretario General de la Presidencia y representantes de los sindicatos.

Durante horas de la mañana, el Interventor se reunió con el presidente Otto Pérez Molina.