Algunos de los afectados por el allanamiento que realizó la Policí­a Nacional Civil -PNC- el pasado 1 de noviembre en la Aldea el Jocotillo, municipio de Santa Elena Barrillas, ratificaron esta mañana la denuncia en la Procuradurí­a de los Derechos Humanos de la fuerza indebida y verbal, así­ como de robo, destrucción de bienes y utilización de capuchas para ocultar el rostro de los agentes del orden público.

Los exponentes, quienes ocultaron su identidad ante los medios de comunicación por temor a represalias, narraron lo sucedido en la madrugada del dí­a ya indicado en la discoteca Mayan Spirt ante la procuradora adjunta, Marí­a Eugenia Morales.

«A las mujeres nos apartaron y se nos hizo esperar por largo tiempo a que llegara la unidad de inspección femenina. Se nos tuvo así­, aguantando el frí­o e incomunicadas porque nos quitaron y robaron los celulares», mencionó una de las afectadas.