En lo que va del año, el Congreso de la República se ha paralizado, la actividad legislativa, principal función de este organismo de Estado, no ha producido leyes y a la vista de lo que se vislumbra en un futuro cercano, una interminable lista de funcionarios y de preguntas a los mismos, se puede temer que este año el Congreso simplemente no conocerá propuestas de ley.

Y es que la interpelación a Ministros de Estado es la estrategia recurrente de la oposición, encabezada por el partido Libertad Democrática Renovada para entrampar la agenda legislativa y buscar espacios de poder que le permitan incidir en leyes y en la misma agenda. Por supuesto, un extremo que tampoco ayuda es que el Partido Patriota, en su oportunidad, al ser oposición, utilizó la misma “estrategia” para paralizar la agenda del Gobierno de la Unión Nacional de la Esperanza y en consecuencia no tienen la autoridad moral para buscar un consenso del resto de bancadas y empujar que la actividad legislativa se normalice en el Congreso de la República.

El artículo 166 de la Constitución de la República establece en sus partes conducentes que “Los ministros de Estado, tienen la obligación de presentarse al Congreso, a fin de contestar las interpelaciones que se les formulen por uno o más diputados… Ni el Congreso en pleno, ni autoridad alguna, podrá limitar a los diputados al Congreso el derecho de interpelar, calificar las preguntas o restringirlas… Cuando se plantee la interpelación de un ministro, este no podrá ausentarse del país, ni excusarse de responder en forma alguna…”.

La interpelación a Ministros por parte del Congreso de la República es un instrumento adecuado y sano para mantener el juego y balance de poderes entre los diferentes organismos del Estado y seguro es que la existencia de este derecho es acorde a principios democráticos importantes que no pueden ser limitados. El problema aquí radica, como en casi todas las cosas que suceden en el país, es el abuso que se ha hecho de este derecho, el cual se ha convertido en una moneda de canje político útil para lograr los objetivos de las bancadas de oposición, no solo en la presente legislatura sino a través de varios gobiernos sucesivos.

Es importante que los diferentes sectores sociales y distintos actores de la vida política en Guatemala tomen conciencia y se pronuncien a efecto de que los partidos políticos y los diputados que los representan en el Congreso, entiendan que este derecho que transformaron en una burda estrategia, les puede costar lo único que les duele perder, capital electoral de cara a futuras elecciones.

     La interpelación es una sana auditoría a los funcionarios de gobierno, el abuso de la interpelación es un castigo al país que no hace más que crispar los nervios de los diferentes sectores interesados en diversos proyectos de ley que nunca son conocidos y que aumenta la ansiedad y el clima de conflicto en una Guatemala que realmente no lo necesita.