La interpelación es un procedimiento de control establecido en nuestra Constitución Política para dar al Congreso de la República la facultad efectiva de fiscalizar al poder Ejecutivo, pero desafortunadamente en Guatemala se ha prostituido por completo esa práctica parlamentaria debido no sólo a las maniobras de siempre en los grupos oficialistas, sino también al error en que incurren las fuerzas de oposición que han terminado utilizándola no para controlar el ejercicio del poder, sino simplemente como una táctica dilatoria que aparte al pleno del conocimiento de otros asuntos.
En el momento actual es evidente que la bancada que dirige el diputado Manuel Baldizón recurrió a ese procedimiento no para llegar al fondo en cuanto a la política de seguridad del Estado y el papel que ha desempeñado en el ministerio de Gobernación el señor Salvador Gándara, sino que fundamentalmente con la intención de posponer la discusión de la mal llamada iniciativa de reforma fiscal que no pasa de ser un parche que apunta a mejorar ligeramente el nivel de ingresos del Estado, pero sin cambiar en realidad el sistema tributario del país.
Es evidente que Baldizón, tras su salida del partido de gobierno, se ha propuesto convertirse en una piedra en el zapato para la UNE y debe reconocerse que tiene habilidad para lograr su cometido, aunque sea a costa del mayor desprestigio de instituciones como la de la interpelación parlamentaria a los ministros de Estado.
Cuando en cualquier Parlamento se recurre a tácticas dilatorias, la opinión pública tiene que saber lo que persiguen los grupos o bancadas que las practican y en el caso presente se ha escogido el tema crucial de la seguridad ciudadana para frenar durante varios días la discusión en el Congreso de otros temas que no sólo tienen que ver con la aprobación de las leyes fiscales y la aprobación de los bonos que le urgen al Gobierno, sino que también (y eso es mucho más grave) las cuestiones que le urgen a la ciudadanía como puede ser el tema de las comisiones de postulación.
La llamada bancada Lider, que dirige el diputado Baldizón, no ha sido categórica en su definición respecto al tema de la integración de la Corte Suprema de Justicia y pareciera que en este caso, como en otros, se termina alineando no sólo con el oficialismo sino también con los otros frentes que se oponen a que haya más transparencia en la designación de candidatos a las Cortes, lo que hace pensar que al final de cuentas la impunidad es un juego que todos practican en Guatemala porque al final del día a todos les puede servir y beneficiar.