Asistimos en el mundo occidental a una revalorización de «lo público». La fuerte sacudida de la crisis económica mundial ha provocado que las élites dirigenciales vuelvan su mirada a los gobiernos en busca de soluciones. En algunos casos, son los mismos grupos que hasta no hace mucho tiempo reclamaban un estado modesto y permisivo. Pero que hoy con la posibilidad real de que el sistema económico quiebre, reclaman a los gobiernos «que actúen». No saben qué, pero presienten que alguien tiene que proteger algo así como un interés colectivo.
En Guatemala particularmente hemos sido asfixiados por un discurso antisocial que pregona la superioridad del mercado frente a la corrupta administración pública. Se nos ha dicho hasta la saciedad que el problema de este país es de una falta de libertad (¡!) y que si tan solo se dejara que funcione el mercado sin cortapisas, el problema del desarrollo estaría automáticamente resuelto. En tal visión, las regulaciones estorban y el Estado y el Gobierno son una especie de maldición.
Se les ha olvidado a nuestros «libertarios» locales que, como demuestra la evidencia histórica, ningún país ha desarrollado su economía sin la intervención de Estados fuertes e inteligentemente administrados. Han sido sistemas que a la par de proteger la libre empresa se han cuidado de cultivar y promover intereses colectivos nacionales. Porque ¿Cómo esperar que florezca el sistema de libre empresa si no hay certeza jurídica? ¿Cómo dejar que el espíritu empresarial se ocupe de innovar y crear riqueza a la par de una administración pública ineficiente e ineficaz? ¿Cómo construir un mercado de consumo que ignore la legitimidad de la autoridad y de la regulación? Preguntas difíciles de responder cuando se tiene una visión tan parcializada de lo que realmente ha significado la libertad regulada socialmente en el mundo occidental. Menospreciar la función pública se paga y muy caro en términos económicos y de bienestar social.
Ciertamente que ese discurso ha calado hondo en nuestra sociedad y los resultados están a la vista. Una sociedad sin un liderazgo político que tenga credibilidad para proponer una visión nueva de recuperación de «lo público» como una meta compartida. Y una ciudadanía indiferente y pasiva para exigir sus derechos y hacerse presente en el espacio que le toca en la fiscalización del manejo de lo que se llama «la cosa pública».
Pero la historia nunca se detiene y la fuerza de la necesidad que hoy perciben las nuevas generaciones puede ser la diferencia. Se dan cuenta que, a diferencia de otros países, en Guatemala están severamente limitadas las oportunidades para crecer y desarrollarse en una sociedad libre pero segura, con respeto al individuo pero con un altísimo sentido del interés público. Si quieren una verdadera economía de libre mercado entonces tienen que cuestionar lo que sus padres creyeron con ingenuidad y posible buena fe: que era posible vivir y convivir a las espaldas del Estado. Que interesarse por fortalecer lo público no es socialismo sino la mejor salvaguarda al derecho a la vida y a la libertad. Que nada bueno puede llegar al país sin retomar y reformar el Estado y que son necesarios y urgentes los cambios de enfoque en la administración pública. FIN