Cuando el jurista Carlos Castresana Fernández vino a presentarse como Comisionado de la CICIG, en septiembre último, yo estaba fuera del país y no pude atenderle, razón por la cual fue hasta ayer que tuve el gusto de conocer a este joven abogado que tiene una impresionante trayectoria tanto en su país, España, como en otras naciones donde ha contribuido de manera muy clara en la lucha por la justicia y contra la impunidad. Había leído ya algo de su trabajo profesional y me llamó la atención el alto perfil de su desempeño judicial y en labores de fiscalía, lo que evidencia que es un profesional que tiene el conocimiento técnico y la experiencia como para intentar el magno esfuerzo de hacer algo para luchar contra la impunidad en Guatemala.
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Pero al conversar con él pude constatar que en buena medida los informes sobre su actividad profesional se quedan cortos porque es en realidad no sólo un abogado con las competencias para el trabajo, sino un ser humano que se observa profundamente comprometido con la lucha universal por la justicia. Ya me había causado una tremenda impresión cuando al venir a Guatemala dijo que lejos de que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala fuera un atentado contra la soberanía, su trabajo sería para devolverle soberanía al país. Y es que todos sabemos que en materia de ejercicio de poder no hay vacíos, puesto que cuando el Estado deja alguno, inmediatamente es ocupado por otras fuerzas que lo ejercen y en el caso nuestro ha sido el crimen organizado el que se beneficia de la debilidad de las instituciones. En tal sentido Guatemala cedió soberanía a los grupos criminales que ahora dominan parte del territorio y de las instituciones.
Yo he sostenido desde hace mucho tiempo que durante el conflicto armado que sufrimos los guatemaltecos, se diseñó de manera premeditada un sistema de impunidad para garantizar que los agentes del Estado que libraron la guerra contra la guerrilla, no tuvieran que enfrentar consecuencias legales y que cuando cesó el conflicto, esas estructuras no fueron desmanteladas sino que simplemente cambiaron de objetivo y en vez de proteger a policías y militares que actuaron en la guerra, se pusieron al servicio de los grupos del crimen organizado. Ello ocurrió justo cuando en el país calaba hondo la propaganda para desmantelar al Estado, reduciéndolo a su mínima expresión de acuerdo con la prédica que con alta carga ideológica se hacía y aún se hace, suponiendo que el mercado era capaz de ser el gran regulador haciendo innecesaria la existencia de un Estado con instituciones sólidas y eficientes.
Y creo que el futuro de Guatemala pasa por nuestra capacidad de establecer el imperio de la ley y la justicia, razón por la cual avalé con toda energía la constitución de la CICIG. Sé perfectamente que no es la panacea ni será la solución de nuestro serio problema estructural en materia de impunidad, pero entiendo que puede ser un instrumento eficaz para avanzar aunque sea modestamente en un esfuerzo que es vital para dar viabilidad al país.
La conversación con don Carlos Castresana me ha dado nuevas razones para creer que la CICIG es un instrumento adecuado. Hoy mismo se está planteando una acción de inconstitucionalidad contra la Comisión y creo que vale la pena ese ejercicio legal para que todos vayamos aprendiendo a enmarcar nuestra vida en el marco del respeto y observancia de la ley, dejando atrás el uso y abuso de la violencia como forma tan generalizada de actuar entre nosotros.