Como le ocurrió a otros columnistas y a activistas sociales, tuve recelos cuando el ex diputado Jorge De León Duque fue escogido por el presidente Pérez Molina para el cargo de Procurador de los Derechos Humanos, de una terna enviada por el Congreso, desconfianza que aumentó cuando recién inició sus funciones se reveló el caso del opaco usufructo en la Empresa Portuaria Quetzal a una compañía española.

No fue hasta que la Comisión de Transparencia de Organismo Legislativo planteó justificadas críticas en contra de ese turbio negocio, que el titular de la PDH emitió una tibia declaración al respecto. Pocas semanas después, al ocurrir los acontecimientos en la cumbre de Alaska, donde soldados atacaron con armas de fuego a un grupo de indígenas de los cantones de Totonicapán, De León Duque no desaprobó con firmeza la conducta de los uniformados.

Pero por algunas resoluciones que ha adoptado en fechas recientes pareciera que estuviera intentando cortar con el cordón umbilical que  lo ligaba o lo une aún con el Presidente, porque se ha atrevido a censurar actuaciones de funcionarios gubernamentales que han violado derechos humanos de los afectados por procedimientos irregulares.

Es de esperarse que el novato Procurador, al irse afianzado en su cargo y tomando confianza en sí mismo y asumiendo conciencia de la responsabilidad que pesa sobre sus hombros, logre consolidarse y que se desvincule por completo del mandatario, para que no derive en un simple burócrata de alto rango incapaz de adoptar resoluciones que causen escozor al gobernante, sino que reafirme la misión fundamental de la PDH, es decir, la defensa de los derechos fundamentales de los guatemaltecos, al margen de consideraciones políticas y de supuestos compromisos que pudo haber contraído con las bancadas de diputados que lo apoyaron para integrar la terna.

En aras de la ecuanimidad en mi apreciación y en relación a un presunto pago de favores, De León Duque ha dado muestras que en el área administrativa no estaría sujeto a condicionamientos, y de esa cuenta es que ha optado por privilegiar la capacidad y honorabilidad de las personas llamadas a ocupar cargos de singular importancia en la institución, puesto que, en vez de anteponer el amiguismo y favoritismo, ordenó que las plazas fueran sometidas a concurso de oposición, a fin de que las ocupen las personas más aptas e idóneas en el ámbito de sus competencias.

Para el caso, menciono el nombramiento del economista Edgar Guerra, designado Defensor de los Usuarios del Transporte Público, tarea que voluntaria y espontáneamente ejerció durante 12 años, en su calidad de presidente de la Asociación de Usuarios del Transporte Urbano y Extraurbano, labor que ha venido realizando solitariamente y que ahora podrá desempeñar con mayor eficiencia y mejores resultados en un campo tan oscuro y corrupto que se evidencia en el manejo de los millonarios subsidios estatales.

(El presuntuoso piloto de un autobús urbano Romualdo Tishudo colocó en la cabina este letrero: -Advierto a las pasajeras que esta unidad es vigilada por mi mujer y mi suegra vía satélite, por el sistema GPS).