Los opositores a la pena de muerte en Estados Unidos asumieron un nuevo desafío ante los partidarios de esta medida: demostrar que al menos uno de los mil 087 condenados ejecutados desde hace 30 años en el país era inocente.
Hasta ahora, 124 condenados fueron identificados como inocentes, generalmente gracias a análisis de ADN, después de pasar años esperando en los siniestros corredores de la muerte. Desde hace una decena de años, los condenados con inocencia probada se convirtieron en uno de los argumentos más eficaces contra la pena capital.
Aún así, el juez Antonin Scalia, uno de los más feroces conservadores de la Corte Suprema estadounidense, consideró el año pasado que estos ejemplos «no demuestran el fracaso del sistema sino su éxito».
«Es muy fácil encontrar asesinos culpables que fueron puestos en libertad», pero los opositores a la pena de muerte aún no encontraron su «Santo Grial», esto es, la prueba de que un inocente haya sido ejecutado, señaló el juez en una resolución.
Si hubiera sido así, «el nombre del inocente habría sido gritado a voz en cuello por el grupo de presión abolicionista», insistió.
El magistrado recordó el caso de Roger Coleman, cuyas protestas de inocencia lo llevaron a ser tapa de la revista Time antes de su ejecución en 1992, pero cuyos análisis ADN confirmaron su culpabilidad a principios de 2006.
La Coalición nacional para suprimir la pena de muerte (NCADP, por su sigla en inglés) respondió en junio con un informe enumerando los casos de cuatro condenados cuya culpabilidad era seriamente cuestionada en una investigación detallada.
A pedido de asociaciones y de familiares de las víctimas, la justicia reabrió una investigación sobre dos de ellos, Ruben Cantu y Larry Griffin. Pero los dos informes de la investigación, publicados estas últimas semanas, concluyeron que eran culpables.
Cantu fue ejecutado en 1993 en Texas por un asesinato durante una rapiña, cometido cuando tenía 17 años. El principal testigo se retractó después del juicio, y el fiscal encargado del caso, considerando que se había equivocado, se convirtió en un militante contra la pena de muerte.
La nueva investigación, realizada por un fiscal que como juez en los años 1990 había fijado la fecha de ejecución de Cantu, se basó principalmente en el testimonio de un compañero de celda del condenado, nunca citado hasta ahora, delante del cual habría reconocido el crimen.
Griffin, en tanto, fue ejecutado en 2005 en Missouri por el asesinato de un distribuidor. Un testigo blanco, Robert Fitzgerald, identificó a Griffin como el asesino, aunque muchas otras personas afirmaron después que sólo había negros en el lugar.
El informe de investigación, publicado el jueves, citó un nuevo testimonio que asegura que Fitzgerald estaba presente ya que acababa de comprar droga a la víctima.
Sin embargo, Fitzgerald, que obtuvo al mismo tiempo la anulación de las actuaciones que pesaban en su contra por un robo, había afirmado en el juicio que estaba allí por casualidad.
Para David Elliot, portavoz del NCADP, estas dos investigaciones demuestran sobre todo la necesidad de crear instancias independientes encargadas de examinar estos casos, antes que dejar «a los zorros cuidar del gallinero» al confiar a los fiscales la verificación de que no hubo errores.
Por lo pronto, la NCADP, Amnistía Internacional y otros se movilizaron para que Troy Davis, un negro que será ejecutado el martes en Georgia por el asesinato de un policía blanco a pesar de que la mayoría de los testigos se retractaron, se convierta en el liberado número 124 antes que su «Santo Grial».