El Presidente de la República tiene que cumplir funciones muy importantes para procurar el bien común. Por ejemplo, tiene que suministrar seguridad pública, comandar las fuerzas policiales y militares de la nación, y obligar a que la ley se cumpla. Y tiene un status jurídico único, que consiste en representar la unidad nacional. Supongo que una condición necesaria para que un Presidente de la República cumpla idóneamente sus funciones, y sea un apto representante de la unidad nacional, consiste en que sea inteligente.
Los electores deben tener la opción de elegir un candidato presidencial inteligente; y para que la tengan, propongo que uno de los requisitos que debe cumplir el candidato consista en someterse a una prueba de inteligencia. Entonces sabremos quiénes tienen una inteligencia tan escasa, que están próximos a la estupidez; o sabremos quiénes tienen una tolerable inteligencia normal, o quiénes tienen una inteligencia próxima a la superdotación o a la genialidad. El requisito debe ser incluido en la Ley Electoral y de Partidos Políticos. La prueba se aplicaría, no para impedir que quien demostrase ser un peligrosísimo estúpido, fuera candidato presidencial. No. La democracia es justísima: ni la inteligencia ni la estupidez del candidato importa, sino sólo el sagrado voto del elector. La prueba se aplicaría únicamente para que los electores sepan cuál es el grado de inteligencia o de no inteligencia de cada candidato, aunque ese saber no sea motivo principal para elegir. Puede aplicarse una prueba psicométrica, que mide la inteligencia por medio de la solución de problemas; o una prueba fisiológica, que mide la inteligencia por medio de la amplitud y la frecuencia de las ondas cerebrales. Ondas más amplias y más rápidas corresponden a mayor inteligencia. Ondas menos amplias y más lentas corresponden a menor inteligencia. La prueba fisiológica, creada por Allan y Elaine Hendrickson, del Instituto Psiquiátrico de Londres, ha logrado una precisión superior a la precisión de las mejores pruebas psicométricas. La institución que debe aplicar la prueba de inteligencia es el Tribunal Supremo Electoral. Esa institución también debe publicar el producto de las pruebas, de modo tal que el mayor número de ciudadanos sepa cuál es el grado de inteligencia de los candidatos presidenciales. El ciudadano que pretenda ser candidato presidencial pero tenga el honestísimo temor de que una prueba de inteligencia delate que él es secreto y delictivo poseedor de un exiguo grado de inteligencia, puede desistir ser candidato presidencial. Y aquel ciudadano que sea candidato, y sometido ya a la prueba, compruebe que su mente es sede privilegiada de una impune estupidez, debe tener la opción de desistir de la candidatura presidencial, para evitar la pública delación de su absurda miseria intelectual. Se argumentará quizá que si un candidato presidencial inteligente es elegido, puede aprovechar su inteligencia para cometer peores fechorías que las que puede cometer un candidato electo que no sea inteligente. ¿Debe ser elegido, entonces, al candidato presidencial más estúpido? En este caso, la prueba de inteligencia tendrá la suma utilidad de denunciar al candidato más estúpido, es decir, al candidato presidencial que debe ser elegido. Post scriptum. En la historia política reciente ha sido elegido algún candidato presidencial cuyas ondas cerebrales tienen tan escasa amplitud y tan excesiva lentitud, que ha sido estúpido hasta para corromperse.