La fallida integración energética en América Latina ha imposibilitado a la región soluciones a sus problemas de abastecimiento que hubiera permitido ahorrar unos 5.000 millones de dólares, según un estudio privado realizado en Chile.
En una región rica en recursos naturales y que tiene condiciones de excepción para desarrollar una fuerte alianza en materia de explotación y generación energética, factores políticos han impedido una mayor integración, afirma el estudio del Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), vinculado a la derecha.
«La región cuenta con una gran disponibilidad de recursos, una buena proximidad entre las fuentes de producción y los mercados con mayor demanda y experiencia empresarial de larga data en este ámbito, además de la natural coincidencia estacional», explica el documento, elaborado por el economista Francisco Garcés.
Pero todos los proyectos que se han intentado promover han encontrado una importante traba por el predominio de políticas nacionalistas.
«El nacionalismo ha primado como factor definitorio de las políticas energéticas de los países, que más que buscar los beneficios de una mayor integración han puesto el foco en la utilización política de los recursos energéticos», señala el texto.
Según el estudio, las políticas proteccionistas han impedido la implementación de adecuados marcos regulatorios internos, con normas claras y garantías a la inversión, lo que ha dejado en punto muerto varios proyectos.
Fue el caso del proyecto de «Anillo Energético» del Mercosur, destinado a aprovechar a nivel regional los recursos del yacimiento de Camisea en Perú.
«Este proyecto tenía su fundamento en la idea de disminuir la dependencia del gas boliviano, cuyas continuas y profundas crisis institucionales han mostrado el riesgo que constituye el que sea precisamente ese país el principal abastecedor de gas natural en el continente», dijo el estudio.
Pero, agregó, «fueron factores políticos relacionados con nacionalismos, discrepancias respecto a los marcos regulatorios y la incertidumbre sobre los niveles de riesgo implicados en la operación los que imposibilitaron que el proyecto pudiese materializarse».
La fallida integración energética ha impedido que muchos países solucionen por tanto sus problemas de abastecimiento, junto al ahorro de millonarios recursos.
«Se calcula que con una mayor integración, la región podría ahorrar más de 5.000 millones de dólares, además de las ventajas que implica en materia de riesgo para las inversiones, el contar con un mayor nivel de seguridad en el abastecimiento de energía», señala el documento.
Los países más afectados en los últimos años han sido Brasil, Argentina, Chile y Uruguay, por una mayor incertidumbre y en algunos casos escasez de recursos. En contraste, los países con mayor estabilidad energética y con una mejor estructuración de sus mercados internos son Colombia y México.
Brasil, uno de los países que más promueve la integración, se ha visto obligado a recurrir a nuevas fuentes de abastecimiento y a realizar mayores inversiones en explotación y exploración para hacer frente a una creciente demanda de energía.
Chile y Uruguay han padecido los recortes de los envíos de gas natural desde Argentina, un país donde la estructura de precios fijos desincentivó nuevas inversiones, provocando escasez.
En contraste, Perú y Bolivia cuentan con grandes recursos, pero deficientes marcos institucionales y la inestabilidad política ha afectado su capacidad productiva, según detalla el documento del LyD.
La fallida integración ha llevado a muchos países ha optar por opciones más seguras pero a su vez más caras.
Chile cuenta desde junio con una planta de Gas Natural Licuado (GNL) en la costa central de su territorio, que le permite recibir el hidrocarburo desde cualquier punto del planeta. El primer cargamento provino de Trinidad y Tobago.