El 83 por ciento de los gobiernos municipales presentan un índice ambiental menor a 5 puntos y destinan menos del 12 por ciento de sus presupuestos a la atención de aspectos ambientales, según el Perfil Ambiental de Guatemala, elaborado por el Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA), de la Universidad Rafael Landívar (URL).
Según la información del IARNA, en los últimos años, las municipalidades han ejecutado un promedio del 45 por ciento del presupuesto en inversión pública; los principales rubros de inversión han sido en infraestructura, la cual no siempre está vinculada al desarrollo sustentable.
Los escasos recursos que el Estado destina para la inversión deben dirigirse hacia objetivos de desarrollo, por ello el IARNA/URL ha investigado la situación ambiental a nivel municipal, con la finalidad de proveer información para una mejor toma de decisiones, destaca la población.
El índice ambiental municipal muestra que un poco más de la mitad de los municipios del país se encuentra en un nivel bajo de ejecución presupuestaria relacionada con el ambiente, mientras que el resto presenta en un nivel medio bajo.
Esos porcentajes corresponden a una situación nacional, donde los indicadores de reforestación, manejo de suelo, pérdida de biodiversidad, manejo de desechos, entre otros, muestran tendencias negativas, destaca la información del citado Instituto.
De acuerdo con la investigación del IARNA, entre los municipios más rezagados se encuentran; San Manuel Chaparrón, en Jalapa; San Juan Tecuaco, en Santa Rosa; y Cabañas, en Zacapa, cuyos índice ambientales son menores a 3 puntos y su presupuesto ambiental menor al 0.2 por ciento del gasto del municipio.
Los municipios que sobresalen son San Miguel Petapa, en Guatemala; San José Chacayá, en Sololá; y Almolonga, en Quetzaltenango; sólo Zunil, Quetzaltenango, dedicó en el 2012, más del 25 por ciento de su presupuesto a inversiones ambientales.
El IARNA identificó cinco aspectos clave para una institucionalidad ambiental efectiva: formulación de políticas explícitas frente a problemas del subsistema natural; fortalecimiento y ampliación de los recursos físicos, financieros y humanos; así como incentivar la participación ciudadana.
También suficiente base técnico-científica para dar certeza a las acciones que se deseen emprender y adaptabilidad, flexibilidad y temporalidad de la institucionalidad ambiental en lo local, concluye el Perfil Ambiental de Guatemala.