En nuestro país suele suceder que existen instituciones de proyección pública que son cuasi desconocidas por la mayoría de la población por diferentes razones: desconocimiento porque no son atingentes a su ámbito diario de vida, por crasa ignorancia, porque las conocen cuando necesitan de sus servicios o bien por alguna referencia o alusión; este es el caso del INSTITUTO DE LA DEFENSA PíšBLICA PENAL que cuenta con pocos años de vida institucional.
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Este ente se creó como resultado de los Acuerdos de Paz suscritos por la guerrilla y el Estado, mediante el Decreto Legislativo 129-97 que entró en vigencia el mes de julio de 1998, siendo su objetivo toral asegurar a las personas de escasos recursos económicos el derecho de defensa consagrado en el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
Actualmente cuenta con 35 sedes en los 22 departamentos de la República; de las cuales 15 tienen una Defensoría Indígena que presta sus servicios en los idiomas vernáculos mediante un defensor público indígena; su primer personal fue integrado con los abogados que prestaban sus servicios como defensores públicos en la supervisión de tribunales del Organismo Judicial.
Al inicio de actividades su función fue proporcionar un servicio gratuito de defensa en el orden penal, sin embargo, recientemente con la creación de la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, se amplió el servicio de asistencia legal a la víctima y sus familiares; lo que propició la formación de abogados defensores públicos sujetos a evaluaciones y capacitaciones permanentes que les permiten ser especializados en la asistencia legal.
La orientación multidisciplinaria para la atención de casos se materializa proporcionando a las víctimas atención legal, psicológica y administrativa; además de la coordinación con otros entes de justicia. Se cuenta, además, como una novedad en el sistema jurídico administrativo con el sistema informático de asistencia, consistente en que desde la sede central se puede realizar el monitoreo directo de las funciones que realizan los abogados defensores públicos en los departamentos; es decir, el estado de los procesos, las fechas de audiencias señaladas y las gestiones realizadas.
Durante los últimos años el Instituto de la Defensa Pública Penal ha funcionado con un presupuesto de 120 millones de quetzales y cuenta a la presente fecha con un aproximado de mil empleados; además, entre sus logros cabe mencionar la implementación de la línea telefónica 1571 como vía directa para presentar denuncias y/o quejas, las cuales son atendidas en forma inmediata en coordinación con la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público.