Así como resulta de inaceptable que un puñado de personas decida bloquear las principales arterias afectando a muchos miles, también tiene que decirse que es inaceptable el procedimiento que se ha seguido para promover la reforma educativa en el campo de la formación de maestros. Ayer publicamos nosotros el primer informe detallado del contenido de la reforma y funcionarios del Ministerio de Educación admitieron que no se ha “socializado” y que los que protestan no tienen información del contenido de la reforma.
Ratificamos que el derecho a la libre locomoción, conculcado desde hace mucho tiempo, tiene que ser preservado por las autoridades como parte del legítimo ejercicio de los derechos ciudadanos. Pero también hay que llamar la atención sobre el comportamiento de las autoridades, porque el pueblo no está compuesto por una partida de borregos a los que se les va llevando por donde el pastor quiere. Cuestiones tan importantes como una reforma educativa tienen que ser informadas con detalle para que la gente pueda hacer objeciones y propuestas si es que la iniciativa adolece de algunas fallas.
La arrogancia de quien cree que por su carácter técnico tiene toda la razón y se resiste a que el vulgo discuta lo que según ellos no entiende, siempre da lugar a este tipo de situaciones lamentables.
No se puede, por otro lado, dejar de ver el ánimo bochinchero en algunos de los que están ahora saliendo a las calles, puesto que ayer en la radio gritaban que su movimiento era pacífico y vimos las bombas molotov que estaban lanzando a los agentes de la policía. Era un grupo ínfimo, en relación al conglomerado de la Universidad de San Carlos, pero suficiente para tapar una arteria como la Avenida Petapa que es centro neurálgico de la actividad económica del país. Por supuesto que los estudiantes de magisterio merecen respeto y tienen que ser informados, primero, y escuchados después, pero también los otros ciudadanos tienen que ser respetados y no se puede permitir ya más ese relajo que se había institucionalizado en el tránsito con la actitud de cerrar calles por cualquier asunto.
El diálogo como medio para resolver conflictos se ha desprestigiado en Guatemala porque los pactos casi nunca se cumplen y la gente desconfía de la palabra de los funcionarios. Muchos funcionarios y también empresas en el campo de la minería, irrespetan el derecho del pueblo no sólo a pronunciarse, sino a recibir información correcta de lo que se está haciendo. Esa falta de información es el detonante de situaciones gravísimas y el Ministerio de Educación manejó definitivamente mal su propuesta de reforma.
Minutero:
Más que un contrato abierto
se convierte en un cajón abierto
del que nunca sale nada sano
porque todo mundo mete la mano