La interrupción del tráfico en puntos neurálgicos de la red vial del país como instrumento de presión para hacer que las autoridades tomen en cuenta las demandas de grupos sociales se ha convertido en el pan nuestro de cada día. Al empezar el ejercicio democrático en 1986, el entonces presidente Cerezo tuvo la ocurrencia de decir que ese tipo de protestas eran la «música de la democracia», ocurrencia que pareció acertada en aquel momento, pero que ha derivado en una anarquía tremenda que hace daños muy serios a la pacífica convivencia.
Y es que además de paralizar la actividad económica en importantes lugares del país, las tomas de carreteras afectan otras formas de la vida normal de los guatemaltecos y hasta se ha visto que tiene efectos irreparables cuando los manifestantes se niegan a ceder aun cuando ambulancias o vehículos particulares tratan de trasladar a enfermos o heridos a los centros asistenciales. Al menos un par de casos se han dado en que ha muerto la persona cuyo traslado al hospital se hizo imposible por el empecinamiento de los que hacían el bloqueo. Desafortunadamente es cierto que los grupos sociales, especialmente los más pobres, no reciben ninguna atención de las autoridades cuando encaminan sus demandas por la vía normal y pacífica. Si presentan sus solicitudes mediante un escrito ante las dependencias competentes, lo más probable es que el resultado sea de lo que se conoce como silencio administrativo, es decir, tener la callada por respuesta lo que equivale a una respuesta negativa pero con el agravante de que no hay expresión de motivos ni oportunidad de razonar. Si las autoridades fueran más eficientes en el cumplimiento de sus deberes y el diálogo fuera realmente efectivo, no habría necesidad de estar tomando carreteras a cada poco, pero ocurre que la capacidad de respuesta de las autoridades es nula y salvo cuando se trata de grupos con algún poder, como puede ser el empresariado, no hay esperanza de que atiendan peticiones formuladas por la vía normal. Ciertamente se abusa de las medidas de hecho y las mismas alteran por completo la normalidad de los ciudadanos, pero no puede dejar de señalarse que los gobernantes obligan a esos sectores a adoptar medidas de tal naturaleza porque lamentablemente no son capaces de atender eficientemente y con prontitud las demandas colectivas. Que algunas puedan ser descabelladas y exageradas es cierto, pero eso se debiera dilucidad en las mesas de diálogo que, desafortunadamente, funcionan sólo para ciertos sectores y a ellas no tienen acceso los grupos marginados de la sociedad.