El protocolo adicional que da la posibilidad de presentar quejas individuales o colectivas ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entró en vigencia luego de que Uruguay se convirtiera en el décimo país en ratificar el instrumento adicional, número mínimo de Estados requerido para que cobrara vida el instrumento aprobado en 2008.

Tanto la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, como expertos del sistema de derechos humanos, expresaron su satisfacción por el avance que significa la vigencia de este protocolo, que otorga la facultad al Comité específico de conocer violaciones a estos derechos que no hayan tenido cauce favorable en los sistemas de administración de justicia nacionales.

Estoy segura que este mecanismo será fundamental para que el Comité asista a los Estados y a otros actores para llegar a las raíces de las causas de violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, indicó Pillay; este mecanismo permitirá la exigencia, sin importar nacionalidad o estatus migratorio, del derecho a la educación, la salud, el trabajo y la seguridad social, entre muchos otros.

Uruguay ratificó el instrumento hace tres meses y con ello se sumó al grupo de Estados pioneros a nivel mundial que se han adherido voluntariamente al protocolo adicional, compuesto por Argentina, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Ecuador, El Salvador, Mongolia, Portugal, Eslovaquia, España; este grupo de países ha pasado a conformar el llamado “club por la justicia social”.

Urgimos a los gobiernos en todo el mundo a que se unan a este club, indicaron en un comunicado más de 15 expertos titulares de mecanismos de derechos humanos de la ONU; también hacen un llamado a defensores e instituciones nacionales de derechos humanos, así como a la sociedad en su conjunto, a difundir y publicitar la existencia de este instrumento y exigir la adopción en sus países.

Guatemala ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) el 19 de mayo de 1988, 22 años después de la aprobación del instrumento por la Asamblea General de la ONU; la ratificación del nuevo Protocolo Adicional deberá ser presentado para su trámite ante el Congreso de la República, según los Artículos 171 y 172 de la Constitución Política de la Guatemala.

A modo de comparación, el protocolo adicional del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) entró en vigencia hace 37 años, en 1976; hasta la fecha ha sido ratificado por 114 Estados, incluyendo Guatemala, que adoptó el instrumento en noviembre de 2000 y que reconoció la competencia del Comité de Derechos Humanos para conocer casos sobre presuntas violaciones.

El PIDESC garantiza, en primer orden, el derecho a la libre determinación de los pueblos, en lo que respecta a su condición política y su desarrollo económico, social y cultural; también patenta el derecho de los pueblos a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales y expresa que por ningún motivo podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.