Los Tribunales de Justicia del Ramo Penal resolvieron un 86% más casos en relación al año 2011. Autoridades ven positivo el avance; analista recomienda que también se cuide la calidad de los fallos.

Las estadísticas históricas reflejan que el sistema de justicia en Guatemala caminaba a paso lento, pero ahora dan muestras de importantes avances, ya que las autoridades se propusieron agilizar la marcha para depurar su deuda judicial, especialmente en lo penal.

En marzo del 2012, en un reportaje publicado por Diario La Hora, César Barrientos, presidente de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), informo del objetivo de mejorar el sistema de justicia, emitiendo 9 mil 360 sentencias, un porcentaje 101% más efectivo que en el 2011, cuando únicamente se emitieron 4 mil 663 condenas.

Según estadísticas del Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial (Cenadoj), en el 2012 los Tribunales de Sentencia Penal llegaron a emitir 8 mil 714 fallos.

Esto revela que se emitieron 646 sentencias menos, pero se logró un aumento del 87% en relación a los números del 2011.

LOS CAMBIOS

Barrientos explicó que el aumento, entre otros aspectos, se debió al cambio de la oficina judicial, pues durante casi 16 años, desde que se promulgó el Código Procesal Penal, se mantuvo la forma escrita de funcionamiento de los tribunales de justicia.

“Impulsamos el cambio cultural en los jueces para que hubiese una comprensión de que el sistema penal guatemalteco funciona a través de audiencias orales”, indicó el magistrado.

Para esto se tomó en cuenta la experiencia y el liderazgo de un grupo de jueces de Quetzaltenango, que desde el 2005 establecieron esta forma de trabajo, con lo que pusieron al día los juzgados del occidente del país y aumentaron de manera notable su producción.

Según el presidente de dicha Cámara, trasladaron la experiencia a los tribunales de toda la República, a través del Decreto Legislativo 18-2010, Reformas al Código Procesal Penal, donde se consagró la gestión oral del despacho judicial.

También se tuvo apoyo de la Cooperación Española y la Unión Europea, resaltó Barrientos.

Por otro lado, también hubo una reestructuración en los juzgados, donde se fueron distribuidas las tareas judiciales.

“El cambio de oficinas permite que sepamos que el 52% de las audiencias programadas se realizan. Con esta información nos corresponde empezar a investigar con el Ministerio Público, la Defensa Pública Penal, y el Sistema Penitenciario,  por qué el resto se suspende”, refirió.

Además agregó que la Cámara Penal envió a la CSJ, y posteriormente al Congreso, el documento que hoy es el Decreto Legislativo 7-2011, donde estableció los mecanismos que permiten que la víctima tenga una mayor participación en el proceso, y sea considerada como parte.

Otro avance es la ampliación de la competencia de los juzgados de paz, entre otras cosas.

ANALIZAR LAS SENTENCIAS
En relación a esto, Marco Antonio Canteo, analista de Seguridad en Democracia (Sedem), consideró que son positivas las medidas que ha impulsado la  Cámara Penal para reducir la impunidad.
“Aprovecharon el nuevo personal, convirtieron los tribunales en unipersonales, y eso ha permitido que los jueces conozcan más casos importantes”, indicó.
No obstante, también instó a analizar la calidad de las sentencias emitidas, ya que “una cosa es la efectividad y otra es la calidad”.
“No quisiéramos que la visión de lograr un sistema de justicia más efectivo,  convierta a los tribunales en maquilas de sentencia, sino que se preserven los fundamentos, para brindar a los ciudadanos una justicia no solo pronta y cumplida, sino también de calidad”.
Pese a lo avances, el sistema judicial aún tiene pendiente luchar contra un 89.15 % de impunidad.
Otro informe de Cenadoj indica que de 80 mil 291 casos que ingresaron a todos los órganos jurisdiccionales del país, se emitieron 8 mil 714 sentencias, equivalente a un 10.85 % de casos resueltos.