El Grupo Parlamentario Socialista de España presentó este día ante el pleno del Congreso una iniciativa del diputado Juan Moscoso del Prado Hernández, en donde se insta al gobierno español su colaboración para esclarecer las violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno.
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La proposición no de ley, quedó al pendiente de ser analizada y debatida en la Comisión de Asuntos Exteriores y de Cooperación, cuya solicitud exacta es que se «»urja y apoye a las autoridades guatemaltecas en la adopción de medidas concretas encaminadas a facilitar la lucha contra la impunidad y el trabajo de los tribunales de justicia».
Uno de los parlamentarios consultados por este diario, indicó que existe un apoyo en la mayoría del pleno para que la comisión envíe la propuesta al Ejecutivo y de ser así, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero tendría que colaborar con las gestiones en curso «para esclarecer las violaciones de derechos humanos en Guatemala y para lograr que los responsables de dichos actos sean conducidos ante la Justicia», tal como sugiere el documento de cuatro páginas y firmado por el portavoz del PSOE y por el diputado Del Prado Hernández.
En la exposición de motivos, la propuesta manifiesta su «máximo respeto y consideración a la memoria de todas las víctimas de esta guerra (1960-1996), compartiendo el dolor de sus allegados y descendientes».
España ha tenido un seguimiento cercano del proceso legal post conflicto, luego que en los años ochenta perecieran al menos ocho ciudadanos españoles. Las datos recopilados por la Comisión de Esclarecimiento Histórico dan fe que durante la guerra murieron al menos 200.000 personas, la mayoría indígenas.
La Audiencia Nacional ha aprobado unos autos en donde se exponen los asesinatos de misioneros que denunciaban las violaciones de derechos humanos y prestaban auxilio a los campesinos, intentando preservar su dignidad y evitar que las atrocidades cayeran en el olvido.
La proposición de no ley recuerdan los nombres de los españoles que perecieron en Guatemala, se trata de José María Gran, Juan Alonso, Andrés Lanz y Faustino Villanueva, misioneros del Sagrado Corazón; el jesuita Carlos Pérez y Jaime Ruiz del Arbol, Luis Felipe Sanz y María Teresa de Villa, fallecidos en el asalto a la Embajada española en 1980, cuyos crímenes «continúan en absoluta impunidad».
Reaviva proceso de extradición
Con esta iniciativa se pretende, resucitar el proceso de extradición en contra de siete altos cargos que el gobierno Español acusa de También recuerda que el titular del Juzgado Central número 1 de la Audiencia Nacional dictó el 7 de julio de 2006 una orden internacional de arresto contra siete altos cargos, civiles y militares, acusados de «terrorismo, torturas, delitos contra la integridad moral, asesinato, detención ilegal, incendio y allanamiento de oficina pública».
Se trata del caso del asalto a la Embajada de España el 31 de enero de 1980. Hecho que ha sido un reto por esclarecer de parte del actual gobierno de Zapatero.
Hasta el momento han sido detenidos dos de los encausados y permanecen en prisión.
Mientras tanto sigue vigente el acuerdo aprobado por el Gobierno español el pasado diciembre en el que se requería a las autoridades guatemaltecas la extradición de Angel Aníbal Guevara Rodríguez, Benedicto Lucas García, Donaldo Alvarez Ruiz, Germán Chupina Barahona, Pedro García Arredondo, José Efraín Ríos Montt y Humberto Mejía Víctores.