Cada vez que un dirigente sindical probablemente seguidor de ideas neoanarquistas reclama sus derechos laborales; un columnista con dudosos antecedentes de militar en organizaciones terroristas como la APG o de tendencia talibanesca como una institución caritativa, o un activista de la subversiva Sociedad Civil claman porque los patronos paguen salarios si no justos por lo menos acordes al abultadísimo salario mínimo, indefectiblemente son calificados de representar a las subterráneas huestes chavistas, castristas o populistas que persiguen la inestabilidad institucional y que con su discurso demagógico buscan ahuyentar la inversión local y extranjera.
Nunca, que yo recuerde, un representante de la plutocracia ha formulado declaraciones que respalden las revoltosas peticiones del sector laboral referentes a un incremento de salarios, porque tamaño despropósito sería navegar contra las más ortodoxas reglas de la moral, el buen juicio, la sacrosanta economía de mercado, la intocable libertad de contratación, las más veneradas reglas de la ética mercantil, en fin, sería atacar a mansalva y con lujo de alevosía los altos intereses de la patria que por extraña analogía son los mismos de los más poderosos empresarios.
En este marco de referencia, el diario Prensa Libre no se tentó el alma la mañana del reciente martes, cabalmente cuando se celebró el Día Internacional del Trabajador, al irrumpir en la tibia y alfombrada alcoba de muchos de los tranquilos patronos que descansaban plácidamente aprovechando el asueto oficial, con este insubordinado titular de primera plana: “70 % de empresas incumple las leyes”, y con el antetitular “Aumentan denuncias en (el) Ministerio de Trabajo”.
Pero tales anuncios que alteran las buenas costumbres burguesas no lo eran todo, porque en la página tres se leía otro desplegado con estas guevaristas palabras: “La mayoría de empresas violan derechos” (laborales), y seguidamente se dan a conocer detalles de la noticia, como que si de pronto –pensaría algún circunspecto oligarca– ese matutito se hubiese convertido en tribuna de grupos sediciosos que buscan romper con el orden establecido.
Para ser preciso, nada menos que el ministro de Trabajo y Previsión Social, don Carlos Contreras, miembro del gabinete de Gobierno del presidente Otto Pérez Molina, es quien se avienta con esta frase demoledora: “Siete de cada 10 empresas incumplen con la aplicación de las leyes laborales de Guatemala”.
Más explícito, afirma que “De 50 mil compañías que existen en la capital, sólo el 30 % cumplen con la aplicación de las normas laborales”, además de que el año anterior ese ministerio conoció 8,602 procesos en contra de patronos que violan las reglas laborales y otras anomalías más imputables a empresas de vestuario y textiles, seguridad privada, agrícolas, exportadoras y comerciales.
Confiemos en que no le muevan el sillón al revoltoso ministro Contreras por alborotador.
(La nueva rica, una señora sesentona que aprende a manejar, al estacionarse pregunta a su instructor: –Don Romualdo ¿He quedado bien separada de la acera? Mr.Tishudo replica: –¿De cuál de las dos?).