Muchos decimos no. ¿Los argumentos? Aquí van algunos: Es necesario reforzar la seguridad, de eso no hay duda, el problema está en la tergiversación que ciertos sectores hacen de esos conceptos.
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La seguridad en tiempos de paz, y lo recalco: «en tiempos de paz», debe estar enmarcada en el fortalecimiento de las fuerzas civiles públicas, no hay pierde, eso es fundamental para despegar y lograr avanzar en esa materia.
En muchos casos se argumenta que la población «a gritos pide la presencia de militares» o que cada día «necesita más de la seguridad privada», no obstante, el sentimiento que origina ese reclamo, es la desesperación y angustia que provoca la situación vulnerable. Es un primer reflejo natural, incluso de conservación. Pero que a la larga, en nada resuelve el problema.
Si bien, todos estamos inmersos en un clima de violencia e inseguridad, lo que se necesita es invertir en prevenir y atacar sus causas originales, no en un combate que sólo la eternice.
Las propuestas sobre cómo sí se podría abordar el tema de seguridad han emanado desde siempre, que no les pasen balón es otro asunto, de haberlo hecho, a estas alturas ya veríamos resultados positivos que reflejaran, por ejemplo, una fuerza policial profesional, con incentivos salariales que llenaran las necesidades de los elementos y sobre todo para evitar que se conviertan en un blanco fácil para esos negocios que ofrecen fácilmente «salir de pobre».
Además, se contaría con una lista que involucra a todas las dependencias de persecución, investigación y enjuiciamiento de los asuntos relacionados a la violación de las leyes, funcionando como un todo complementario.
Tenemos muchos casos de países donde la combinación de trabajo entre civiles y militares es tan armoniosa que cada uno obedece a un plan operativo determinado, donde las funciones de uno, no tienen nada que ver con las de otro. También los casos de civiles como ministros o ministras de Defensa.
Pero para materializar los proyectos se necesita de voluntad política que permita generar y fortalecer los procesos para garantizarle a la población su derecho constitucional de seguridad y bienestar.
Ya estuvo bueno de apelar a la reacción. Las condiciones permiten sentar precedentes definitivos. Quienes nos oponemos, no lo hacemos por «mamar de la cooperación internacional» o por ser «oenegeros», basta tener un poco de sentido común para captar que si no se invierte o se alza la voz para exigir que se invierta en políticas de fortalecimiento del poder civil, jamás vamos a movernos del mismo punto.