La agrupación continuó los cuestionamientos contra el contrato de la Portuaria Quetzal. Durante la reunión con varios funcionarios, donde el gran ausente fue el Interventor, se insistió que fue una concesión lo que se entregó a la empresa española.

La citación a varios funcionarios era la oportunidad que buscaba la Bancada Líder para terminar de despejar todas las dudas e irregularidades que giran en torno al contrato de la Portuaria Quetzal con la empresa española TCB. Sin embargo, la ausencia del Interventor y la falta de un dictamen de la Contraloría General de Cuentas (CGC) y  la Procuraduría General de la Nación (PGC) no permitieron cumplir a cabalidad con ese objetivo.

No obstante, las declaraciones vertidas por los funcionarios permitieron que  los parlamentarios concluyeran que el contrato suscrito se trató de una concesión y no un usufructo oneroso, como establece el documento.

“No se puede disfrazar el negocio de usufructo para un servicio público, el usufructo es el derecho de estar ahí, pero cuando la facultad se confiere para que preste un servicio público ya es una concesión, ese es el amañamiento que hay. Pintaron una figura jurídica de un color y le echaron pintura de otro” señaló el jefe de la agrupación, Roberto Villate.

Ante esa situación, el congresista reiteró la necesidad que se apruebe la ley contra la corrupción, con las figuras delictivas del testaferro y el tráfico de influencias “Se debe aprobar cuanto antes para que esos bufetes prestanombres no saquen provecho, ese es un enriquecimiento ilícito, ya que están sirviendo de alfombra para todas las mañas” denunció.

A la citación acudieron, representantes de la PGN, Contraloría, Ministerio de Economía, quienes solo escucharon los señalamientos de los diputados sin que pudieran contradecir con argumentos válidos la conclusión de la bancada sobre la concesión. Por ello se prevé una nueva reunión con los titulares de las entidades para constatar las dudas que persisten en el contrato.

SOSPECHAS

A la bancada llegó información que podría existir un contrato previo que arriesgaría el negocio suscrito con la empresa española, así lo confirmó el diputado Salvador Baldizón. “Según datos, pudiese existir otro contrato de los que ya existen, que podría traslaparse con el contrato que se entregó a TCQ. De manera que requerimos que nos entreguen copia de los contratos de usufructo que se han entregado, para analizar si existen traslapes” resaltó el congresista.

Aunque el representante de la Portuaria señaló que desconocía esa información, adelantó que si hubiera tal contrato quedaría nulo el documento suscrito con la empresa española.

SIN BENEFICIOS

Aunque no presentaron un informe oficial, los representantes de la CGC señalaron que los intereses que genera la Portuaria a través de sus inversiones supera el valor de lo que obtendría con el nuevo contrato. Datos de la entidad señalaron que en el 2011 ingresaron 237 mil contenedores en el año.

Con el nuevo negocio, ese monto debería de multiplicarse por los $4 que ofrecen por cada contenedor. El monto no se compara con los Q600 millones que tiene la Portuaria en sus cuentas de ahorro. 

El diputado Édgar Ajcip señaló que solo con los intereses que generan las cuentas de ahorro  se tendrían más ingresos de los que ofrece la empresa española “A todas luces ese contrato es lesivo para el país”. Por ello requirió a la Contraloría la entrega, lo antes posible, del análisis jurídico y financiero de la Portuaria, documentos que, según él, confirmarán las desventajas que traerá para el país el contrato.