En Guatemala, los elevados índices actuales de inseguridad pública han provocado como reacción social la organización y adopción de medidas entre la comunidad, el barrio, la cuadra, los vecinos. Esta modalidad de seguridad ciudadana suele elevar el nivel de tranquilidad personal y comunitaria. No obstante, este proceder en ningún caso justifica la existencia de grupos armados y organizados que se dedican a realizar actos al margen de la ley, abusan de la población, amenazan la integridad personal y se apropian de bienes y valores patrimoniales, muchas veces con la complicidad, tolerancia y protección de autoridades. Esto último es lo que ocurre en la ciudad capital y en otros lugares del país.
Grupos de delincuentes y criminales organizados se dedican a cometer asaltos en la vía pública, extorsiones, secuestro de personas, robo de vehículos y en residencias. En algunos casos esos grupos están compuestos por policías, miembros de los aparatos de seguridad del Estado o ex agentes. Según fuentes de la Policía Nacional Civil, en los últimos días varios agentes y suboficiales de esa institución han sido detenidos, sindicados de pertenecer a grupos de asaltantes, actuar con abuso de autoridad y tener presunta responsabilidad en la muerte de personas, víctimas de sus fechorías.
Esta realidad es cotidiana y provoca una natural desconfianza de la población en sus autoridades e instituciones, en particular desaliento en la aplicación de la justicia, de ahí que es común escuchar que «ya ni en la policía se puede confiar». Por esa situación, es que también en algunas comunidades las personas se toman la justicia por cuenta propia y por ello de nuevo ocurren linchamientos, una práctica bárbara e inhumana que viola todas las leyes y estimula la cultura de violencia, que ya creíamos superada en el país.
Luego, la existencia de grupos armados ilegales es también caldo de cultivo para generar más violencia. Los patrulleros de Lilillá, una aldea de San Andrés Sajcabajá de El Quiché señalados de cometer abusos, los patrulleros de San Juan Sacatepéquez o los delincuentes organizados que amenazan y extorsionan a pobladores en aldeas de Sololá, son algunos de los claros ejemplos de este tipo de grupos que siembran terror y muerte en las comunidades.
Al confrontar esta realidad uno puede preguntarse: ¿Y los Acuerdos de paz? y ¿Las autoridades encargadas de la seguridad de las personas y sus bienes? ¿Y el Derecho, los Tribunales y las Leyes? Los hechos evidencian que estamos en presencia de una réplica de grupos represivos, que actúan sin control ni escrutinio de ninguna autoridad. La existencia de estos aparatos ilegales contraviene las normas constitucionales, el Estado de Derecho y la vigencia de los Derechos Humanos.
Asimismo, reproducen la cultura de violencia, muerte y terror que no debemos permitir. De lo que se trata es de construir cultura de paz, de vida, de respeto a los derechos y libertades fundamentales de las personas, cuya observancia es obligación de todos los Estados y sus gobernantes.
P.S. Según cifras oficiales, en lo que va del año 459 mujeres han sido víctimas de muerte violenta. ¿Hasta cuánto aumentarán estas estadísticas de terror y muerte?