Ya que se ha puesto de moda buscar calificativos en el tema de la seguridad ciudadana, como parte de la actividad política de cara a las elecciones de septiembre, y visto lo que ocurre en el sistema de transporte público del área metropolitana, no es descabellado ni de ninguna manera exagerado decir que hay un régimen de inseguridad total, al punto de que los empresarios del transporte tienen dificultades para encontrar pilotos que quieran hacerse cargo de las unidades, puesto que ese oficio se ha convertido en uno de los más riesgosos en el país.
En efecto, las pandillas que operan impunemente en varias zonas que han sido ya calificadas como rojas y donde la fuerza pública reconoce dificultades para actuar, encontraron en el cobro del impuesto a los autobuses del transporte público una buena fuente de ingresos y diariamente los pilotos tienen que cumplir con el pago de las exacciones a que son sometidos. El que se opone es asesinado por los «cobradores» que de esa manera envían un macabro mensaje al resto de pilotos para que no traten de evadir el pago del «impuesto».
A ello hay que agregar los asaltos cometidos por maleantes que actúan por su cuenta; algo así como «free lancers» (parte de la delincuencia «informal», sí vale acuñar el término) que no se enmarcan dentro de lo que dictan los jefes de las pandillas que dominan los sectores, pero que tampoco se andan con chiquitas a la hora de usar las armas para desvalijar a los pasajeros.
La presencia policial, masiva en los últimos días en las zonas rojas para evitar la paralización del servicio, ha sido insuficiente y pese a ello siguen los crímenes y, peor que eso, continúa la más absoluta impunidad que es a la larga el factor que genera esa inseguridad total de la que hablamos, puesto que el problema está en que los delincuentes, tanto organizados como «informales», saben que viven en el paraíso donde el que la hace nunca la paga y siempre hay recursos disponibles para evadir la acción de la justicia.
Creemos que el tema de la inseguridad total nos debe llevar a profundas reflexiones sobre la realidad nacional, para entender que estamos en un agujero provocado básicamente por la ausencia de legalidad que sea garantía de aplicación pronta y eficaz de la justicia. Guatemala se ha convertido en un país sin ley, donde matar a alguien es expediente diario y cotidiano, porque el Estado perdió su norte y no tiene capacidad de reacción frente al más oprobioso de los delitos, como es el que elimina la vida humana. Si contra ese delito no se puede actuar, cuánto menos en relación a otros crímenes que forman parte del diario menú que tenemos que tragarnos los ciudadanos. Guatemala, con su inseguridad total, es un país paradigmático que debiera convertirse en laboratorio para experimentar formas que permitan terminar con la impunidad.