«Relájese, Ud ha llegado al barrio privado La Delfina», invita un letrero en la entrada del complejo de 400 casas, donde más adelante guardias privados armados con fusiles revisarán los autos casi como en un retén militar, una escena en desuso hace años en Argentina.
Los guardias saludan amablemente a los residentes del barrio pero son rigurosos con los visitantes y trabajadores de ese y otros complejos: documentos, inspección minuciosa de los autos a la entrada y salida y motivos de la visita, mientras son filmados por varias cámaras de seguridad.
En los últimos meses una sucesión de asaltos puso en crisis el paradigma de la invulnerabilidad de los barrios privados que llevó a unas 80.000 familias de clase media alta a refugiarse en alrededor de 600 complejos desde los años 90, cuando se produjo el auge que marcaba un estilo de vida diferente.
«Sobre 600 countries se registraron algo más de 40 asaltos en 2010. Creció un poco desde los tres últimos años. Los medios amplifican mucho los problemas de inseguridad, especialmente los de los countries», dijo Jorge Juliá, titular de la Federación de Clubes de Campo, mientras que en todo 2009 se produjeron 29 hechos denunciados.
Las autoridades y empresas de seguridad consideran que incluso ya son insuficientes los controles en las entradas y el simbólico alambrado que aísla a cientos de lujosas casas de cercanos barrios populares.
«La seguridad estaba garantizada por el simple hecho de hacer de esa urbanización una suerte de caja encerrándola en alambrados. Mientras no estaban en la mira de la delincuencia, eso funcionó. Pero cuando descubrieron su vulnerabilidad, empezaron los problemas», admitió a la AFP Aquiles Gorini, presidente de la Cámara Argentina de Empresas de seguridad.
Ante hechos de fuerte impacto mediático, las autoridades han extremado las medidas de prevención, no sin antes saldar una polémica porque en muchas ocasiones los patrulleros policiales ni siquiera entraban a esos barrios, territorios casi exclusivos de las agencias de seguridad privadas.
«Una vez que el delincuente está dentro de un country domina mucho más la situación que estando en la calle, porque en esas urbanizaciones no existe el patrullero» policial, sostiene Gorini.
El subsecretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorencino, dijo a la AFP que «comenzamos a coordinar medidas con las cámaras del sector y, por ejemplo, desde agosto se instalarán botones antipánico, que conectan punto a punto las garitas de seguridad con la policía».
La migración de decenas de miles de familias con recursos económicos desde las zonas urbanas de Buenos Aires y su periferia se produjo por los crecientes robos urbanos, por el intento de mejorar la calidad de vida en contacto con la naturaleza y a la vez marcar diferencias con sus pares de la clase media.
Sin embargo, Gorini plantea que «hoy ya no se si es más seguro un country o un departamento con seguridad en zonas céntricas».
Un sondeo entre 800 habitantes de barrios privados indicó que la seguridad «por lejos es la prioridad del 85% de sus habitantes», dejando atrás valores como el entorno no contaminado y la vida campestre, dijo a la AFP José Rozados, un experto en estudio de mercado de bienes raíces.
Las estadísticas son poco fiables porque muchos de los asaltos se mantienen en reserva debido a que un clima de psicosis puede hacer bajar fuertemente el valor de las propiedades, cuyos costos parten de 300.000 dólares y las más lujosas superan los tres millones de dólares.
«La seguridad hace subir o bajar el valor de las propiedades. Hay countries que no han sido golpeados por el delito y mantienen su valor y otros que tienen muchas casas en venta porque la gente empezó a desconfiar de que realmente fueran tan seguros como se presume», señaló en cambio Gorini.
Para Rozados «la inseguridad preocupa y puede provocar que la gente planee mudarse» y a la vez «genera mayor selectividad, ya que la demanda se vuelca a barrios con mejor sistema de seguridad y buena accesibilidad», otro de los temores de los moradores ya que muchos son asaltados en los caminos de ingreso.
Eduardo Schwalb, habitante desde hace una década del barrio cerrado Haras del Pilar, dijo a la AFP que «por temor, muchos vecinos instalaron últimamente alarmas y otros sistemas de seguridad», y añadió que al igual que la mayoría de los moradores de esas urbanizaciones, destina a la seguridad el 50% de la cuota mensual de gastos comunes de 1.000 pesos (250 dólares) en total.