Un candidato propone usar francotiradores para combatir a las pandillas. Otro quiere militarizar la seguridad pública y recluir a los jóvenes, que no trabajan ni estudian, en granjas donde impera una disciplina militar y así evitar que se unan a los pandilleros.
En un país acostumbrado a la violencia, que soportó una sangrienta guerra civil de 12 años y luego la irrupción feroz de los pandilleros, la inseguridad sigue en el primer lugar de la discusión pública y es el principal tema de las elecciones presidenciales, pues sigue teniendo en ascuas a la población, víctima indiscriminada de las extorsiones y testigo de asesinatos en las calles.
El desespero es tal que algunos candidatos, que mañana se enfrentan en primera vuelta en su disputa por suceder al presidente de izquierda Mauricio Funes, han propuesto soluciones radicales.
La violencia tal vez no llegue a los niveles de 2012, cuando se registraba un promedio de 14 homicidios diarios, según la policía, y cuando los líderes de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 acordaron una tregua para dejarse de matar entre ellos.
Tras el pacto de no agresión, hubo una caída de más del 40% en los homicidios de 2011 a 2012, de acuerdo con un reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
En 2013 hubo 2.492 homicidios, un poco menos de los 2.548 del año anterior. A ellos se suman por lo menos 1.070 desaparecidos que cuantificó el Instituto de Medicina Legal.
Los líderes pandilleriles dicen que la tregua se mantiene firme pero la violencia generada crece porque las extorsiones a la gente del común, a empresarios, y comerciantes no cesan y quienes se nieguen a pagarlas son asesinados.
En diciembre de 2012 las autoridades descubrieron un cementerio clandestino donde las pandillas enterraron a algunas de sus víctimas. Fueron hallados 24 cadáveres pero las excavaciones continúan. La policía cree que la cantidad de restos pueden ascender a 44.
El hallazgo del cementerio confirma que los pandilleros siguen matándose entre ellos y asesinando a quienes se niegan a pagar extorsiones, dice la policía. Y que muestra que su modus operando cambio pues ahora los cuerpos de las víctimas son enterrados en lugar de dejarlos en las calles, como lo hacían antes de la tregua.
Las pandillas también están involucradas en el narcotráfico en un país que es tránsito obligado de narcóticos, dicen las autoridades.
Los carteles les pagan en efectivo o con droga, que luego las pandillas venden en el mercado local en un fenómeno conocido como el ‘narcomenudeo’.
La policía dice que al occidente del país operaba un cartel llamado Texis, grupo internacional que se dedicada al tráfico de droga y al robo de automóviles que luego vendían en Guatemala y que aparentemente fue desarticulado en septiembre cuando 18 de sus líderes fueron capturados, entre ellos a un inspector de la policía y a un suplente de un ex diputado.
El candidato oficialista Salvador Sánchez Cerén, ex guerrillero del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y uno de los favoritos de las encuestas, plantea combatir la delincuencia apoyando a las familias con inversión en las comunidades, una mejor educación, y con una policía «ampliada, fortalecida y depurada». Depurada de corruptos o negligentes, dijo.
Sus propuestas no son nuevas y prefiere la vía conciliatoria, a diferencia de varios de sus oponentes que plantean el camino de la represión. Su principal rival, según las encuestas, es el alcalde capitalino Norman Quijano, de la derechista Alianza Republicana Nacionalista, Arena, que ha prometido acabar con las pandillas militarizando las ciudades.
«Estoy decidido a hacer uso de los poderes de la Constitución para militarizar la seguridad pública y establecer granjas militares», dijo Quijano.
Con la firma de los acuerdos de paz que dieron fin a la guerra civil salvadoreña, el partido Arena ocupó la presidencia por veinte años (1989-2009) y no pudo pacificar al país pese a adoptar políticas de mano dura contra las pandillas.
Las granjas militares son instalaciones donde jóvenes «en riesgo», que no estudian ni trabajan y podrían ser tentados por las pandillas, serían sometidos a la disciplina militar. Se levantarían a las cinco de la mañana, harían ejercicios y se dedicarían a oficios como la carpintería y la electricidad.
Quijano acusa a Funes de «pactar con criminales» porque cree que el presidente ideó una tregua mal concebida porque trasladó a los líderes pandilleros de cárceles de máxima seguridad a prisiones de menor seguridad, donde tienen acceso a comunicarse con sus lugartenientes y continuar manejando los hilos de la delincuencia tras las rejas.
También dijo que los mediadores de la tregua recibieron dinero, algo que el gobierno y negociadores como el ex guerrillero Raúl Mijango han negado. La Fiscalía General abrió una investigación.
La militarización que propone Quijano ha alarmado al vicepresidente del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador, Omar Pastore. «Hasta donde me imagino, eso implicaría matar a los mareros y eso podría provocar otra guerra y un derramamiento de sangre», advirtió.
El politólogo Antonio Martínez Uribe, de la Universidad Nacional, dijo que la militarización «es inconstitucional. Es prácticamente dar por anulado los Acuerdos de Paz de 1992», que pusieron fin a 12 años de guerra civil.
Analistas e investigadores consultados dicen que Arena ya ensayó políticas de mano dura sin éxito, pues las pandillas no sólo siguen actuando sino que lograron expandirse por el país.
Es difícil encontrar en El Salvador un analista que crea que la represión sea la única salida. El informe de Desarrollo Humano de la ONU dice que dado que las pandillas tienen tentáculos en muchos países y que tienen un alto nivel de organización, su criminalidad se ha acentuado en los últimos años, en muchos casos, «a raíz del fracaso de las políticas de mano dura, de fuerte represión policial».
Otro de los candidatos, Oscar Lemus, abogado y empresario avícola del partido derechista Fraternidad Patriota Salvadoreña, que tiene poco chance de ganar, planteó decretar «toques de queda» y usar francotiradores con veteranos del ejército para luchar contra los pandilleros.
No ha ofrecido más detalles sobre la propuesta.
«Espero que no estén hablando de planes de exterminio», dijo el director ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, Miguel Montenegro, aludiendo a las propuestas de Quijano y de Lemus.
Montenegro cree que la solución es «combatir el problema de la pobreza, la falta de empleo, una atención más integral de la niñez y la adolescencia. Hay que apostarle a la educación».
«Esto no termina y tengo muchas dudas que termine. Hablan y hablan, pero no escucho que alguien tenga la solución», dijo a la AP Manuel Tejada, un pequeño comerciante que dice ser extorsionado por las pandillas. «Ya se probó con la mano dura (en los gobiernos de Arena). Tuvimos la tregua y nadie cambió».
La elección presidencial en El Salvador experimentará cuatro históricas novedades respecto a las legislativas y municipales celebradas dos años atrás, enfocadas a combatir el ausentismo entre el electorado y equiparar las condiciones entre los partidos en contienda.
La más trascendental de las reformas es que por primera vez en la historia, se abrió la posibilidad al voto a más de 2,9 millones de salvadoreños que residen en el exterior. De acuerdo a valoraciones del Tribunal Supremo Electoral salvadoreño (TSE), el 92 por ciento de los beneficiarios del voto en el exterior vive en Estados Unidos y Canadá.
El proceso de empadronamiento de los salvadoreños en el exterior comprendió de mayo a septiembre de 2012. La poca cantidad de consulados en Estados Unidos para atender a 2,7 millones de salvadoreños en el país del norte, sumado a la poca difusión realizada por el gobierno del voto en el exterior, hicieron que apenas 10.337 personas se empadronaran.
Otra novedad es la ampliación del voto residencial, de 185 municipios en 2012, a los 262 municipios en el país. Esto provocó que los centros de votación se incrementaran de 1.174 en 2012 a 1.593 este año.
Asimismo se aprobó un nuevo Código Electoral en junio de 2013, que actualizó disposiciones contempladas en el antiguo código y redujo su articulado en 294 disposiciones, 70 menos que el documento anterior.
El aspecto más importante de este código es que el TSE cuenta ahora con la capacidad de sancionar a los partidos por violaciones como la difusión de campaña ofensiva contra funcionarios y adversarios políticos.
La cuarta reforma trascendental es la aprobación de la ley de partidos en febrero de 2013, la cual pone límites al financiamiento que los institutos políticos pueden recibir de un solo donante y los obliga a presentar contabilidad de sus ingresos.
El padrón electoral para las elecciones presidenciales del domingo pasó de 4.679.069 salvadoreños en 2012 a 4.955.107 personas este año, enriquecido principalmente con la incorporación de jóvenes que cumplieron 18 años de edad, adultos que no habían gestionado su documento Único de Identidad (DUI) y ex presos que cumplieron sus condenas.
Las elecciones serán seguidas por cerca de 5.000 observadores entre nacionales e internacionales y cubierta por un contingente de 500 periodistas. El presidente del TSE, Eugenio Chicas, anunció recientemente que un contingente de 20.000 policías guardará la seguridad en los centros de votación.
SAN SALVADOR
dpa
Las elecciones presidenciales que se celebrarán mañana en El Salvador tendrán como contendientes a cinco de los nueve partidos oficialmente inscritos ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), aunque solo tres tienen posibilidades reales de llegar al gobierno a partir del 1 de junio.
El oficialista e izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), favorito en las últimas encuestas, pasó en 1992 de ser una insurgencia armada a convertirse en partido político después de la firma de los acuerdos que en enero de ese año pusieron fin a 12 años de cruenta guerra civil con el gobierno salvadoreño, dejando más de 70.000 víctimas mortales a su paso.
El FMLN se consolidó el 10 de octubre de 1980 como guerrilla, producto de la unión de cinco organizaciones clandestinas. En 1992 comenzó su participación política con esas cinco organizaciones intactas, que se disolvieron en 1995. Desde 1994 ha participado en nueve elecciones y actualmente cuenta con la bancada más numerosa en el Congreso salvadoreño (de 84 bancas), con 31 diputados.
El archirrival del FMLN es la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), fundada el 30 de septiembre de 1981 por el -ya fallecido- mayor de inteligencia Roberto D’Aubuisson, ligado a la creación de escuadrones de la muerte de ultraderecha.
El partido gobernó el país de 1989 a 2009, implementando un modelo de privatización de servicios públicos y la adopción del dólar como moneda de circulación nacional, en sustitución del colón.
Si bien ARENA obtuvo la bancada más numerosa del Congreso salvadoreño en las elecciones legislativas y municipales de 2012, conflictos con la dirigencia del partido obligaron a cinco diputados a declararse independientes, reduciendo la fracción arenera de 33 a 28 diputados y quitándole a la vez la llave de la mayoría calificada, es decir, 56 votos.
La posibilidad de que alguno de estos dos partidos gane la elección presidencial se complicó con la irrupción del Movimiento Unidad, liderado por el ex presidente salvadoreño Elías Antonio Saca, quien en 2004 ganó la presidencia bajo la bandera de ARENA, pero que cinco años después fue expulsado de dicho partido por acusaciones de corrupción.
Unidad surge en la vida pública en febrero de 2013, producto de la coalición de los partidos Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), formado por disidentes de ARENA, y por los Partidos de Concertación Nacional (PCN) y Demócrata Cristiano (PDC), ambos de derecha moderada.