Los operativos fracasados realizados por las autoridades como estrategia para combatir el crimen organizado parecen indicar que entre los entes encargados de la investigación criminal, no existe un trabajo de inteligencia e investigación adecuada y tampoco la coordinación obligada que debe existir entre los equipos encargados de investigar.
Esta es una razón para aseverar que la impunidad impide la seguridad pública. Lo que señaló se relaciona, porque contribuye a estimular la impunidad existente en la esfera de la justicia. Para abundar en detalles analizo algunos síntomas.
Fuentes del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil reconocen que algunos operativos y allanamientos contra el crimen organizado no siempre son exitosos porque existe fuga de información, es decir, los maleantes son enterados con anticipación de posibles operativos y entonces tienen el tiempo para borrar evidencias, así que cuando las autoridades ejecutan los operativos, no encuentran evidencia de los supuestos ilícitos y tampoco a quienes se presume responsables, puesto que logran escapar.
Esto es una señal grave que muestra el nivel de penetración de estos grupos en las esferas del Estado. En opinión de expertos, el fracaso de las operaciones efectuadas por las autoridades policiales implica desperdicio de recursos humanos, materiales y logísticos.
Considero que obtener resultados insatisfactorios en los operativos, pone a las autoridades en ridículo, demuestra su incapacidad y encubre el posible contubernio entre autoridades y delincuentes que tiene como telón de fondo la corrupción. Además, la fuga de información al servicio del crimen organizado y de la delincuencia común, sugiere la existencia de estructuras internas paralelas que desde adentro de las instituciones socavan la institucionalidad, interfieren el trabajo de investigación, fortalecen las redes de corrupción e impunidad, debilitan la administración de justicia y lesionan el Estado de Derecho.
Otro síntoma, las declaraciones ofrecidas por el militar retirado Francisco Arana, quien estuvo prófugo de la justicia sindicado de ser el responsable intelectual del robo millonario, ocurrido en el aeropuerto internacional en el 2006. Este militar al momento de su captura, expresó extrañeza porque «ha cumplido con pagar la cuota», lo que le permitió evadir la orden emitida en su contra. El detenido insinúa que pagaba para evitar que la policía procediera a capturarlo.
Tal señalamiento no es novedoso, varias veces se ha sabido que jefes, oficiales, policías, fiscales y hasta funcionarios judiciales se han dejado sobornar para favorecer intereses particulares, o bien para detener acciones judiciales contra sindicados. Aquí también se comprueba que la corrupción favorece la impunidad y ésta mantiene la inseguridad.
Este breve análisis sobre lo planteado, conduce a la conclusión de que es necesario e imprescindible continuar de manera firme con el proceso de depuración iniciado en los cuerpos de seguridad, en particular en la PNC que se supone es nido de corrupción. La misma medicina debe recetarse para el Ministerio Público y el Organismo Judicial, órganos responsables de la investigación criminal y de la administración de justicia.
La solución para atacar de raíz el problema de la corrupción en esas esferas, es hacer limpieza de los malos servidores públicos y erradicar los vicios que mantienen a la seguridad y la justicia en trapos de cucaracha.