Uno de los contados lectores de esta columna que suele enviar anotaciones a mis artículos en la página web de La Hora y cuyo nombre se me escapa, comentó que en vez de criticar severamente a la casta política, debería, conjuntamente con  todos los  guatemaltecos, cooperar con los Organismos del Estado para que alcancen sus propósitos.

Este compatriota tiene derecho de expresar su opinión y de estar convencido de que el actual sistema es propicio para lograr el bienestar colectivo, criterio que merece respeto; pero que es una posición notoriamente ingenua y alejada de la realidad, salvo que pretendiera que todos los gobernados aunemos esfuerzos para que se infrinjan abiertamente una amplia gama de normas atinentes a la transparencia en los negocios de Gobierno, como concesiones disfrazadas de contratos lícitos y legítimos; negligencia y deshonestidad atribuidas a diputados; sentencias viciadas de algunos órganos jurisdiccionales; violaciones a normativas que regulan la actividad de las industrias extractivas, impunidad de funcionarios corruptos y otras numerosas irregularidades que, cotidianamente, se señalan o denuncian a instituciones públicas, incluyendo autoridades de municipios de todo el país.
  
Comprendo las buenas intenciones del lector, pero lo que me vuelve a motivar a exponer mi asombro son las declaraciones de expertos en materia de gestión pública que se han preparado académicamente para examinar conflictos socioeconómicos y de otras índole, a fin de exponer sus tesis encaminadas a encontrar soluciones factibles a problemas estructurales y coyunturales que  se originan, en el primer caso, desde épocas remotas, y en las esferas de los poderes políticos, económicos y paralelos derivados de la codicia, la ambición, la impudicia y otras características nefastas de los altos círculos de la apaleada colectividad y se desprenden como cascada en funcionarios de bajas escalas.
  
Me refiero a reputados analistas que insisten una y otra vez en que para encontrar salidas a este subterráneo de pobreza, corrupción, injusticias, violencia criminal y social, analfabetismo, desnutrición, caciquismo y decenas de vicios masivos más que atormentan especialmente a las clases populares, se debe recurrir a los propios políticos que en connivencia con empresarios inescrupulosos que los financian y el mismo crimen organizado incrustado en el seno del Estado, a sabiendas que organizaciones políticas jamás van a permitir, tolerar y  mucho menos auspiciar la ejecución de profundas reformas a las caducas estructuras de este sistema que se sostiene, precisamente, en la conducta impúdica de quienes disfrutan de los frutos de esta caricatura de democracia representativa que deja al margen la práctica sustantiva de la legítima representación y participación democrática.
 
 Respetuosamente les pregunto a estos virtuosos que se explayan en sus delirios en las páginas de los diarios impresos  frecuentemente, ¿verdaderamente ustedes están convencidos de lo que teóricamente blasonan?; ¿realmente creen en medio de su conocimiento y talento que los políticos accederán a las propuestas que ustedes plantean?
   No aludo a grupitos de la sociedad civil carentes de  idoneidad, sino a excelsos analistas de centros académicos de prestigio, investigadores de la Usac y universidades privadas y consultores independientes, que insisten en que la solución a los graves problemas nacionales fomentados por políticos conservadores y algunos de aparente tendencia progresista, lo va a resolver la casta política, es decir, los sujetos que defienden sus privilegios, para existir con holgura y enriquecerse ilícitamente.
   (El ignorado científico social Romualdo Tishudo leyó este grafiti en un barrio popular: -¡Yo soy libre! ¡Vos sos libre! ¡Que viva la librería!)