Nuestras autoridades sí que nos sacan de leva. Si ocurre un terremoto, ponen cara de circunstancia para salir diciendo frente a las cámaras y micrófonos que no hay por qué preocuparse; que se está procediendo a la remoción de escombros y dando atención inmediata a los damnificados, pero no advierten que tendrán que ser muy pacientes. Que no vaya a ocurrir un asalto en lugar céntrico y concurrido con el saldo de muertos y heridos, porque otro funcionario saldrá diciendo que se están haciendo las investigaciones pertinentes y tomando las medidas preventivas para que lo mismo no se vuelva a repetir y ¿qué decir cuando vilmente asesinan a once personas a pocos kilómetros de la ciudad capital, porque las autoridades constituidas brillan por su ausencia desde hace ocho años, ante el rechazo popular por haber sido víctimas de extorsión de su parte?

Pero que no vaya a haber otro “camionetazo” con el saldo de varios muertos y heridos muy similar a la retahíla de accidentes ocurridos en la “Vuelta El Chilero”, en la ruta al Atlántico, en San Marcos, en Huehuetenango, en Palín, en Santa Rosa o el de esta semana en San Martín Jilotepeque,  que los mismos funcionarios claman por la presencia de los chicos de la prensa para decir que no hay por qué preocuparse, que el chofer tenía la licencia en regla y que el seguro del vehículo todavía estaba vigente. ¡Ve qué de al pelo! ¿Y entre los cientos de miles de empleados públicos cuántos son culpables por no velar porque los vehículos de transporte colectivo operen en buenas condiciones de funcionamiento y seguridad y sobre todo, velar porque no corran a altas velocidades, que cumplan las normas de carga y número de pasajeros y así entonces el Estado pueda cumplir debidamente con su deber de proteger la vida humana?

Nuestras autoridades deben tener presente que no son bomberos, elementos de la Cruz Roja o de cualquier otra entidad encargada de apagar incendios o de cubrir emergencias, sino quienes por elección popular son mandatarios para velar porque se cumpla la ley, como dirigir los destinos de la nación y así conducirla por los senderos del progreso y desarrollo. Para ello, tendrán que ser eficientes en la elaboración y desarrollo de  planes y políticas públicas, lo que conforme a los casos antes citados, implica seguir estrategias y tácticas para reducir a su mínima expresión tantos sucesos trágicos, los que desgraciadamente en los últimos tiempos se han vuelto cosa de todos los días. Al contrario de lo que aseguran nuestras autoridades, la población ¡sí tiene por qué preocuparse! Es evidente que de un tiempo a esta parte nuestros políticos se distinguen por incumplir sus promesas por solo andar haciendo negocios, en vez de solucionar los problemas y carencias con que vivimos. ¿Por qué no empezar por cumplir y hacer que se cumplan nuestras leyes?