Hará unos cinco años o más publiqué un artículo respecto a un fiscal del Ministerio Público que, encontrándose de vacaciones en Xetulul y fuera de su jurisdicción, ante el llamado de emergencia de un joven universitario maestro de español, acudió presuroso a la cabecera departamental de Retalhuleu a auxiliar a varios jóvenes extranjeros que al estar disfrutando de un paseo en Champerico afrontaron el infortunio que uno de sus compañeros se ahogó en esa playa, pero ninguna autoridad colaboró para que el cadáver pudiera ser trasladado a Quetzaltenango, donde estudiaban los anglosajones.
El fiscal López abandonó momentáneamente a su familia para realizar las diligencias que no eran de su competencia, a fin de que los jóvenes foráneos pudieran iniciar las gestiones del traslado del cuerpo de su amigo a su país natal.
No fue una proeza de este funcionario, pero evidenció su vocación de servicio y su voluntad de ser útil a sus semejantes.
Traigo a cuento esta actitud que no es común entre los servidores públicos, ahora que el abogado Rony López, devenido en Fiscal contra el Crimen Organizado por méritos propios y después de haber escalado posiciones en el MP, se encuentra al frente de casos de alto impacto, precisamente porque es uno de los investigadores de esa institución que no se limita a trabajar de manera rutinaria y deslucida, sino que dedica sus esfuerzos con rigor extraordinario, algo que no es común entre los burócratas de los entes del Estado, y de ahí que, con la misma firmeza con que critico a funcionarios públicos embarrados por la corrupción, felicito con ahínco y palabras de estímulo a este criminalista que ha enfrentado a poderosas e influyentes bandas de delincuentes de baja estofa o de cuello blanco.
El más sonado caso en que está sumergido ahora el fiscal López es el referente a la persecución penal de los enriquecidos accionistas del desaparecido Bancafé, habiendo logrado la captura de personas que se creían inmunes a la Ley y que aún ya estando consignados a los órganos jurisdiccionales demuestran su altanería, como el caso del junior Eduardo González, quien ha calificado de ignorantes a los fiscales del MP, al aseverar que estos desconocen los vericuetos de las transacciones financieras internacionales, como si se tratara de los miles de guatemaltecos que fueron burlados y estafados por esos banqueros valiéndose de la buena fe e impericia de quienes perdieron sus ahorros destinados a enfrentar una decorosa vejez, y entre los cuales 20 fallecieron porque no soportaron la angustia, desazón, desesperanza y la pérdida de su dinero bien habido, en manos de pícaros redomados, como el nene de la época de Berger que pretendió ser su sucesor.
Si en algo valen estas anotaciones, exhorto al fiscal López a que no ceje en su empeño en el caso Bancafé y lo incito para que inicie o profundice las investigaciones en lo que atañe a las estafas cometidas por los accionistas del Banco de Comercio.
(En la playa, la mujer del exmayoritario accionista bancario Romualdo Tishudo le pregunta: –Si un tiburón atacara a mi madre y a mí ¿a quién salvarías primero? –Al tiburón).