A raíz del anuncio del presidente Otto Pérez Molina, de impulsar una reforma a la Constitución Política de Guatemala, para hacer realidad la modernización del Estado, empezó un debate sobre los pros y los contras de tal iniciativa.

Si bien algunos sectores han expresado su simpatía para ese proyecto, hay otros muy numerosos que lo rechazan, considerando los riesgos que implica “manosear” la Carta Magna en un escenario en el cual quienes tienen la sartén por el mango son los “dueños de la guayaba”, como les llama el expresidente Jorge Serrano a las elites de la oligarquía en su reciente libro.

Es un secreto público que el  Presidente de Guatemala y su equipo de gobierno, representan los intereses de la cúpula empresarial. Por ello no es casual que su viaje a la Cumbre de las Américas, en Colombia,  lo haya realizado  a bordo del avión de la familia Gutiérrez de la industria del pollo frito. (Prensa Libre. 20/04/2012).

En este contexto, las actuales condiciones políticas del país no son propicias para introducir reformas a la Constitución, pues además, Guatemala se encuentra en una encrucijada con una profunda inestabilidad, resaltando graves problemas políticos, económicos y sociales, en donde campea una creciente ola de violencia e inseguridad.
 
En los programas de teléfono abierto de algunas estaciones de radio, muchas personas han expresado su opinión en el sentido que la Constitución no debe ser reformada. Los ciudadanos no confían en los diputados que integran el Congreso de la República, quienes tendrían en sus manos la aprobación de las modificaciones constitucionales.

El pueblo está muy decepcionado del Congreso, por haberse convertido en una cueva de “negocios y movidas chuecas”, en donde lo que menos se hace es velar por los intereses de los guatemaltecos. Basta leer el libro “Rendición de Cuentas” del exministro de Finanzas, Juan Alberto Fuentes, para comprender el alto nivel de desprestigio de ese organismo, el cual es una fuente permanente de  componendas y corrupción.

Además, el partido oficial y sus grupos políticos afines, no solamente son incondicionales de la clase dominante, sino están subordinados al capital extranjero que impunemente se está llevando las riquezas del país.

Pero adicionalmente, destacados abogados expertos en el tema, están convencidos que la Constitución no debe ser alterada y que en todo caso, su plena vigencia se puede alcanzar mediante una adecuada interpretación. Hay que recordar, como dice su preámbulo, que fue decretada dentro del espíritu constituyente de impulsar la plena vigencia de los derechos humanos, en el marco de un orden donde gobernantes y gobernados procedan con absoluto apego al derecho.