Guatemaltecas y guatemaltecos se trasladan de su paí­s Estados Unidos, utilizando el territorio mexicano en forma indocumentada. El objetivo es lograr un ingreso económico, sin afectar a la sociedad receptora. En su propio paí­s se les niega las posibilidades para lograr un adecuado bienestar. Son seres humanos con derechos. Por esta razón, es lamentable que las autoridades migratorias de México hayan realizado un operativo, en el lugar conocido como Paraí­so, en el municipio de Arriaga, Chiapas, contra cientos de centroamericanos. El diario mexicano La Jornada informa de este hecho ocurrido el pasado 11 de febrero señalando: «La guatemalteca (Teresa Garcí­a Tiu) detalló que los centroamericanos empezaron a aventarse desde los techos de los vagones. Todos corrí­an lo más lejos posible, porque los policí­as los golpeaban para subirlos a las camionetas. Yo me resbalé y caí­, pasaron sobre mí­ y entonces perdí­ el conocimiento».

No pueden ubicarse esas acciones como parte de una polí­tica gubernamental mexicana. Quienes proceden con acciones de violencia contra hombres y mujeres ?algunas llevando menores de edad, según expone el diario señalado? están agrediendo sus propias leyes. Ninguna norma de México señala que la prioridad es el uso de la violencia en el desarrollo de operativos contra migrantes.

A ciudadanas y ciudadanos guatemaltecos que logran llegar a la frontera de México y Estados Unidos les espera una gran valla que divide las dos naciones. Al hacerlo, deben superar un gran despliegue de tecnologí­a y muros para evitar su presencia en este último paí­s. Además, enfrentan la amenaza de grupos ?los minuteman, entre otros? quienes se han arrogado, utilizando el mejor estilo de antiguos Rangers, ser perseguidores de migrantes, convirtiéndose en bandas armadas cuya actuación violenta ha sido denunciada por organismos defensores de derechos humanos y en diferentes medios de comunicación estadounidenses.

A lo anteriormente expuesto, diferentes organizaciones de Estados Unidos, entre ellas la Liga Anti Difamación, han denunciado el resurgimiento de la organización Ku Klux Klan. Sus cruces ardiendo para matar personas de raza negra y su ideologí­a fascista, tuvieron especial apogeo de 1920 a 1930 en Estados Unidos. Fue un grupo que nunca se disolvió totalmente y, en la actualidad, vuelven a salir en forma pública para lanzar su odio racial contra la inmigración. Sus acciones discriminatorias y de carácter criminal tratan de justificarse indicando que los latinos crean inseguridad y roban empleos a ciudadanos estadounidenses. Una idea llena de ignorancia.

También es importante destacar la ausencia de una polí­tica migratoria en Guatemala. Su presencia pudiera contemplar la creación de un sistema informativo para dar a conocer los graves problemas ?peligro de perder la vida, robos, agresiones, etcétera? que enfrentan los migrantes sin documentación al utilizar medios de transporte ví­a terrestre, marí­tima (por medio de lanchas rápidas), en avionetas o atravesando por cualquier parte de los 960 kilómetros de la frontera Guatemala-México. Nadie ignora que los polleros o coyotes son grandes embaucadores y dejan abandonados en las montañas, zonas desérticas o cualquier rí­o, a hombres y mujeres quienes deben regresar más pobres a su paí­s pues, para realizar el viaje, vendieron pertenencias o se endeudaron. Ellos y ellas, los traficantes de seres humanos, actúan en forma abierta y pública en Tecún Umán, Ocós y El Carmen. ¿Cuáles son las razones que esgrime la policí­a guatemalteca para no detenerlos? El desarrollo de polí­ticas migratorias de Estados Unidos y México es competencia de sus respectivos gobiernos. Ellos pueden reforzar la vigilancia de sus fronteras. Este no es el problema. El factor a discutir se encuentra en las decisiones adoptadas en forma unilateral por personas e instituciones no autorizadas para emplear la violencia, esgrimiendo que regulan la migración. Además, vulneran la Declaración Universal de Derechos Humanos, en especial cuando señala que cualquier persona tiene el derecho a salir de su paí­s, trasladarse a otro y regresar al propio. Ciudadanas y ciudadanos de Guatemala tienen el derecho a la justicia mediante la protección consular establecida en la Convención de Viena.