El mismo día que terminó el año escolar, Gladys Chinoy se aprendió de memoria el número de teléfono de su madre en Nueva York y se subió a un autobús rumbo a la frontera norte de Guatemala.
ARRIAGA / Agencia AP
La niña de 14 años, que sólo llevaba consigo la ropa que vestía, cruzó el río Naranjo hacia México montada en cámaras de neumáticos de camión y se unió a un grupo de cinco mujeres y al menos una decena de niños guiados por uno de los coyotes que habitualmente cobran alrededor de 6 mil dólares por llevarlos hasta la frontera con Estados Unidos.
En Arriaga, pueblo del estado de Chiapas al sur de México, las mujeres y los niños esperaron cerca de las vías del tren hasta que el silbato y las luces de una locomotora irrumpieron en la oscuridad de la estación. De repente, cientos de migrantes entre los que era fácil ver decenas de madres con sus hijos de todas las edades, abandonaron hoteles baratos y casas donde se escondían para abordar rápidamente los vagones de un tren de carga y competían por lograr un lugar seguro para viajar.
Este diluvio de personas, que se acomodaron en cualquier lugar, el techo de un vagón, su interior, un espacio entre hierros al lado de una rueda, va a engrosar la cifra de inmigrantes que tienen desbordado el sistema migratorio estadounidense.
La cantidad de menores que viajan solos y son detenidos en la frontera se ha triplicado desde 2011. También se cree que el número de niños que cruza la frontera con sus padres ha aumentado, pero el gobierno de Barack Obama no ha hecho públicas las cifras anuales.
Esta crisis ha desatado un intenso debate político en las últimas semanas en Estados Unidos, en el que la administración culpa a las redes de tráfico de personas por el arribo de cientos de centroamericanos al país mientras la mayoría republicana de la Cámara de Representantes achaca su llegada a la política del presidente Obama que, dicen, lleva a creer a madres y niños que pueden quedarse en el país del norte.
Las entrevistas hechas a decenas de inmigrantes a lo largo de la principal ruta migratoria hacia el norte llevan a pensar que ambas posiciones en el debate están en lo cierto.
La inmensa mayoría dijo que escapaba de la violencia, casi de carácter epidémico y que no cesa de incrementarse, generada por las pandillas en Guatemala, Honduras y El Salvador.
También creen de manera unívoca que han emprendido el viaje porque han oído de que ha habido un cambio en las leyes de Estados Unidos que obliga a las autoridades fronterizas a liberar a los niños y reunirlos con sus padres y así quedarse en el país.
La creencia de que mujeres y niños pueden entregarse a las autoridades migratorias tan pronto ponen un pie en Estados Unidos y quedar a salvo ha cambiado la percepción de miles de padres que ya no temen por el último tramo del viaje de los menores; una travesía de varios días caminando en un hirviente desierto que los puede matar.
«Es una gran oportunidad que nos están dando los Estados Unidos porque ahora con esa nueva ley ya no tenemos que atravesar el desierto donde la gente se muere, podemos ir directamente a las autoridades», dijo Gladys, una adolescente risueña de pelo largo y negro como el azabache que espera poder estudiar medicina una vez que logre reunirse con su madre.
Está mucho más interesada en la idea de volver a ver a su madre que preocupada por los riesgos del viaje. Su madre dijo que es consciente del peligro pero que los cinco años que llevan separadas pesan mucho más.
En una conversación telefónica con The Associated Press, la madre, que no puede dar su nombre porque se encuentra en el país sin autorización legal, dijo que había escuchado el mismo rumor. «Dicen que los niños pueden entregarse a ‘La Migra’, que ella (su hija Gladys) si logra pasar (la frontera), podría quedarse aquí».
No están equivocadas del todo. Mientras que a los mexicanos se les devuelve rápidamente en la frontera cuando son detenidos, la gran cantidad de niños centroamericanos que llegan con sus padres o solos son liberados porque las autoridades migratorias no tienen donde recibirlos.
Así, los menores que llegan solos son liberados y enviados junto a familiares que ya vivan en Estados Unidos mientras que a las madres que viajan con sus hijos se les deja ir con una citación para que se presenten ante una corte migratoria semanas o meses más tarde.
Aunque a muchos niños y familias se les emitan órdenes de salida del país, la información que transmiten a sus hogares es que son libres de moverse por Estados Unidos mientras se resuelven sus casos en un proceso migratorio que puede demorar años.
El gobierno de Obama calcula que para el mes de septiembre la cifra de menores que habrán intentado pasar desde México a Estados Unidos alcanzará los 90.000. En 2013, el gobierno deportó a menos de 2.000 menores a sus países de origen.
«El relato es que hay entregarse a la migración, dar un contacto (de alguien) en los Estados Unidos y serán liberados aunque les darán una cita en la corte en un plazo de tiempo largo para deportarlos», dijo Rubén Figueroa, miembro del Movimiento Migrante Mesoamericano. «Si uno le suma esa información a la situación de violencia que se vive en las calles de sus ciudades y como las extorsiones impiden vivir a la gente, el resultado es un éxodo masivo».
Rocío Quinteros trabajaba en un puesto de alimentos frente a una escuela en el municipio de San Miguel, a 135 kilómetros de El Salvador, hasta que la extorsión que las pandillas le pedían le hizo imposible sobrevivir.
Explicó que cuando ya no podía pagar la cuota extorsiva miembros de la pandilla Mara Salvatrucha trataron de reclutar a su hijo de 14 años. A principios de junio, en la puerta de su casa, le dijo a un pandillero que llevaba a sus cuatro hijos, de entre 11 y 17 años, a visitar a su abuela. Cerró la puerta y emprendió camino hacia Estados Unidos.
«Le piden a uno 100 y si se los da, luego le piden 200 y lo asfixian hasta que lo tiene que entregar todo, hasta la casa», dijo Quinteros en la sección de mujeres del albergue de migrantes de Arriaga. «Yo no salgo por pobreza, salgo por violencia. La violencia y la pobreza son lo mismo. No nos extorsionaran, podríamos vivir allí. Si nos hubiéramos quedado en El Salvador, ya habría tenido que enterrar a alguno de mis hijos».
Sin juguetes ni nada entretenido para hacer, los niños se sientan a ver la televisión hasta que suena el silbato del tren que los llevará hacia el norte. Mientras esperan, Quinteros tiene que hablar con ellos a través de la puerta metálica que separa las secciones masculina y femenina del albergue.
En Carmensa, el barrio que abandonaron, hay docenas de casas como la suya, cerradas y abandonadas por familias que han huido a Estados Unidos. Los que se quedan describen una vida diaria marcada por el miedo.
Uno de los vecinos, Gonzalo Velásquez, de 66 años, explicó que tuvo que abandonar la granja en la que vivía durante la guerra civil que azotó el país durante la guerra de la década de los 80.
«Viví la guerra, pero esto es diferente», dijo. «Antes sabíamos de dónde venían los tiros. Ahora nadie lo sabe… Si tienes niños pequeños, jóvenes, es mejor irse para que no se metan en las pandillas… Las tiendas cierran porque les piden la extorsión y no pueden pagarla».
Quinteros dijo que cree que está salvando a sus hijos al desplazarse hacia un lugar en el que las pandillas no reclutan niños.
«Camino al norte hay esperanza de vivir y corres el riesgo de morir», dijo. «En casa, la muerte se da por hecha».
El gobierno de Obama dijo el viernes que abrirían más centros de detención para familias en la frontera con el objetivo de reducir el número de mujeres y niños que deben liberar. El vicepresidente Joe Biden viajó a Guatemala el mismo día para enfatizar los riesgos que implica el viaje hacia el norte y las pocas posibilidades de quedarse en los Estados Unidos de manera legal.
Estas declaraciones son una carga de profundidad para los inmigrantes que afirman que la vida en sus lugares de origen es invivible.
Gladys y sus compañeras se subieron al tren la noche del jueves al mismo momento en que Natanael Lemus, un mecánico salvadoreño de 30 años, lo hizo. Agarraba con fuerza a Edwin, su hijo de 10 años, y a Cynthia, su hija de 12, mientras corría por los vagones y le pedía ayuda a quienes estaban en el techo de un vagón a que la ayudasen a subir a sus hijos.
Una vez en el techo, húmedo, resbaladizo y tan lleno de viajeros que es prácticamente imposible moverse, convirtió varias bolsas de basura en cobertores para proteger de la lluvia a sus hijos y les explicó cómo agarrarse a una cuerda para evitar caerse durante el recorrido.
Dijo que dejó atrás su taller de reparación de vehículos en El Salvador porque las extorsiones de las pandillas le impedían ganar lo suficiente para alimentar a su familia.
«Uno se compra un carro, lo vienen a extorsionar, una máquina para el taller, lo vienen a extorsionar, ven que se viste con un buen pantalón, unas buenas zapatillas, lo vienen a extorsionar», dijo. «Así no se puede trabajar, uno se va a la quiebra».
Tras llevar a su mujer y sus hijos hasta la frontera, él se quedará en México y esperará su propia oportunidad. Lo único que en realidad le importa es entregarle a su familia a la Patrulla Fronteriza y que puedan comenzar una vida mejor.
«Sé que ellos pasarán la frontera y yo no», dijo.
El secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, afirmó esta semana que el gobierno busca toda opción posible para atender la situación creada por la gran cantidad de inmigrantes que está cruzando la frontera sin autorización en el sur de Texas.
En una comparecencia ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Johnson dijo que no descartará el uso de efectivos de la Guardia Nacional, como varios legisladores han sugerido, pero advirtió que hay límites para el uso de tropas con el fin de manejar lo que se ha convertido en una crisis humanitaria en la frontera.
«He escuchado los exhortos de algunos para que pongamos a la Guardia en la frontera. Quisiera entender mejor cuáles son las opciones para el uso de la Guardia», dijo Johnson a los legisladores durante más de dos horas de interpelación. «Pero definitivamente hay algunas limitantes sobre el uso de la Guardia a este respecto, y debemos tenerlas en consideración».
La Casa Blanca indicó posteriormente que no estaba interesada en la propuesta de destacar efectivos.
«Ya ha habido un compromiso histórico de recursos para la frontera», dijo el portavoz de la Casa Blanca Josh Earnest.
Desde comienzos del año fiscal en octubre, los agentes de la Patrulla Fronteriza han aprehendido a más de 52.000 niños inmigrantes que cruzaron solos la frontera. La mayoría proviene de Honduras, El Salvador y Guatemala, y son apresados en el Valle del Río Grande en Texas.
A la vez, el gobierno lidia con más de 39.000 adultos con niños sorprendidos cruzando ilegalmente la frontera. Un número desconocido de esos inmigrantes han sido dejados en libertad con la instrucción de que se reporten a las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cercanas al lugar a donde se dirigen dentro de Estados Unidos.
El gobierno se ha negado a decir cuántas de esas personas han sido liberadas o cuántas se han presentado con las autoridades según les fue instruido. Earnest dijo a reporteros el martes que no tenía las cifras, pero agregó que «sin saber cuál es el número y sin haberlo visto, creo que podemos estipular que la cifra es muy alta».
A mediados de la década del 2000, el entonces presidente George W. Bush envió tropas de la Guardia Nacional a la frontera para reforzar a la Patrulla Fronteriza. La agencia ha duplicado su personal desde entonces, con más de 21.000 agentes.
Aunque se destacaron tropas, la ley federal les prohibía hacer labores policíacas, así que se centraron en vigilancia y mantenimiento.
El subdirector de la Patrulla Fronteriza Ronald Vitiello testificó el martes que aunque el influjo de niños que viajan solo y de adultos con niños ha exigido al máximo los recursos del sur de Texas, no necesariamente ha creado un problema de seguridad.
«No es un desafío detener a niños o familias con niños», dijo Vitiello. Muchas personas que cruzan la frontera ilegalmente no tratan de eludir a los agentes y se entregan una vez que encuentran agentes.
El desafío, explicaron él y Johnson, es procesar a los inmigrantes y hallar lugares para alojarlos.
El aumento en el número de niños ha provocado que el Departamento de Seguridad Nacional traslade a algunos de los inmigrantes a Arizona para su procesamiento. Bases militares en Texas, California y Oklahoma también se están usando o alistando para alojar a los niños hasta que puedan entregarse a familiares o a tutores.
Todos los niños inmigrantes pueden ser deportados, pero con un rezago de más de 360.000 casos en las cortes federales de inmigración, podrían pasar años antes de que un juez ordene la salida de muchos de ellos.
La Casa Blanca denunció esta semana la existencia de «una campaña deliberada de desinformación» por parte de las organizaciones criminales en Centroamérica para hacer creer a las familias que si los menores no acompañados cruzan la frontera podrán quedarse en Estados Unidos.
«Esta desinformación está causando que algunas personas que están en una situación desesperada arriesguen su vida para venir a Estados Unidos, esperando que puedan quedarse en este país. Lo que no es cierto», dijo en rueda de prensa Josh Earnest, portavoz de la Casa Blanca.
El gobierno de Estados Unidos reiteró que estos niños que arriesgan su vida cruzando la frontera no se verán beneficiados ni de la reforma migratoria ni del programa de acción diferida (DACA en sus siglas en inglés), del que hasta ahora se han beneficiado 600.000 jóvenes indocumentados que llegaron al país cuando eran niños.
La administración Obama anunció una nueva batería de medidas para hacer frente a la ola masiva de niños indocumentados que cruzan la frontera de Estados Unidos sin estar acompañados de un adulto o un tutor y son detenidos por la patrulla fronteriza.
Se enviarán más jueces, oficiales de asilo y abogados a las zonas fronterizas para tratar «de forma más rápida y eficiente» estos casos de inmigración, precisó Earnest.
También se abrirán nuevos centros para albergar a las familias y a los niños que llegan solos y se invertirá más dinero para acelerar los procesos de deportación y de repatriación de los inmigrantes no documentados a sus países de origen.
Earnest aseguró que «no hay ningún plan específico por ahora» para desplegar en la frontera a la Guardia Nacional, tal y como ha pedido a Obama el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner.
Por otro lado, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció en Guatemala que Estados Unidos destinará unos 9,6 millones de dólares adicionales a los gobiernos centroamericanos para apoyar la reintegración de los menores que migran a sus hogares en sus países.
Washington también impulsará un programa de educación en Guatemala para los jóvenes en riesgo, por un monto de 40 millones de dólares, informó Biden, quien se reunió hoy con los presidentes de Guatemala y El Salvador, Otto Pérez Molina y Salvador Sánchez Cerén, respectivamente, y con representantes de los gobiernos de Honduras y México, para tratar esa cuestión.
El jueves, Obama habló con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, sobre esta crisis humanitaria, que ha hecho saltar las alarmas a ambos lados de la frontera.
El Departamento de Seguridad Nacional había estimado que el número de niños y niñas migrantes no acompañados podría llegar a 60.000 en el año fiscal 2014, pero ahora calculan que puede llegar a ser 90.000.