Italia se convirtió esta semana en uno de los países europeos que combaten con más severidad a los inmigrantes ilegales tras considerar la inmigración clandestina un «delito» punible con prisión, lo que suscita críticas y preocupación.
Tan sólo dos semanas después de asumir el poder, el nuevo jefe del gobierno italiano, el derechista Silvio Berlusconi, adoptó el miércoles un paquete de medidas muy duras tal como había prometido durante la campaña electoral, marcada por el problema de la inseguridad, equiparada a la estigmatizada figura social del inmigrante violento.
Entre las medidas inmediatas aprobadas por el gobierno conservador figuran la aceleración de las expulsiones de los indocumentados y el aumento de la pena, en un tercio, a los extranjeros ilegales que cometan delitos.
El gobierno aprobará luego, antes de julio, por vía parlamentaria, una ley que introduce el delito de inmigración ilegal y prevé penas que van de 6 meses a cuatro años de cárcel.
Una medida que ha generado reacciones de organizaciones humanitarias y de expertos, aunque uno de los autores del polémico decreto, el penalista y abogado de Berlusconi Nicoló Ghedini, la considera «no tan rara», ya que se aplica en otros países de Europa.
En Alemania, Francia, Reino Unido y Grecia existe el mismo delito, aunque las penas son menores y oscilan entre tres meses y un año de cárcel.
Dentro de un clima hostil hacia los extranjeros, –en particular los gitanos, que preocupa a la Unión Europea–, la rápida reacción del gobierno sirve para calmar la ola de xenofobia de mediados de mes que generó ataques e incendios a los campamentos de gitanos en Nápoles.
«Si tiene el efecto de disuadir al emigrante sin papeles de entrar por Italia, la ley se justifica. De lo contrario es inútil», explicó Bruno Nascimbene, profesor de derecho internacional.
El fenómeno de la inmigración se ha convertido en un rompecabezas para el viejo continente, donde se intenta gobernar la existencia de unos doce millones de indocumentados.
La Unión Europea examinó esta semana reglas más duras para la inmigración ilegal, que pueden implicar una nueva política en torno a la expulsión de clandestinos.
El texto, que deberá ser aprobado en junio por los 27 países miembros en el Parlamento Europeo, obliga a las autoridades nacionales a escoger entre legalizar a los «sin papeles» o expulsarlos.
Mientras Italia endurece las condiciones para el reagrupamiento familiar, que se limita a padres e hijos, previa prueba de ADN, y restringe el movimiento de aquellos que piden asilo político, poco o nada se dice de los derechos de los inmigrantes.
«Una política sólo represiva, sin promover y sin ofrecer porvenir, no logrará jamás reducir la criminalidad y las tensiones. Alimenta sólo los prejuicios culturales y conduce a considerar al inmigrante como una amenaza», escribió en el diario del Vaticano, L»Osservatore Romano, Vittorio Nozza, director de Caritas, la organización católica de asistencia a los inmigrantes.
Actualmente hay unos 700 mil extranjeros irregulares en Italia, de los cuales unos 400 mil prestan servicio como acompañantes de ancianos.
Las nuevas normas, que han suscitado protestas de la izquierda en el Parlamento Europeo, recibieron en cambio tímidas críticas por parte de la oposición de izquierda italiana.
«Si el clandestino es acusado de un delito, tiene derecho a un juicio y no puede ser expulsado. Entonces, antes de anunciar medidas hay que estudiarlas. Los anuncios para sorprender no sirven», aseguró Piero Fassino, canciller en la sombra del Partido Democrático (izquierda).
«Trabajamos por los mismos objetivos, aunque tenemos sensibilidades distintas», admitió ayer la española María Teresa Fernández De la Vega, la número dos del gobierno socialista, con el que el nuevo ejecutivo italiano tuvo fuertes fricciones sobre el tema de inmigración.
«La Unión Europea se está dejando contagiar por el clima contra la inmigración», reconoció en un editorial el diario progresista español El País.
Nuevos enfrentamientos se produjeron hoy en Nápoles (sur de Italia) entre la policía y los opositores a la confiscación por parte del gobierno de un terreno para instalar un vertedero destinado a absorber parte de las basuras que se acumulan en la región, informaron fuentes municipales, que dieron cuenta de un herido.
«Acabamos de ser atacados por la policía, es muy violento, una persona cayó de un muro y se rompió una pierna», declaró Massimo Nuvoletti, teniente alcalde de Marano, localidad limítrofe con Chiaiano (periferia noroeste de Nápoles), donde una cantera de toba podría convertirse en un vertedero con una capacidad para 700 mil toneladas de basura.
Durante los enfrentamientos, un joven cayó de lo alto de un muro de 5 o 6 metros, informaron por su parte medios italianos.
El gobierno italiano presentó ayer una lista con diez sitios confiscados para transformarlos en vertederos destinados a absorber las montañas de basura que se extienden por Nápoles y su región.
El jefe del gobierno italiano, Silvio Berlusconi, anunció una serie de medidas, como la militarización de las zonas expropiadas, y amenazó con encarcelar hasta un año a toda persona u organización que bloquee o dificulte el uso de las nuevas zonas de recolección de desechos.
El secretario de Estado italiano encargado de resolver la crisis de la basura en Nápoles, Guido Bertolaso, anunció hoy que se entrevistará a partir de mañana con los alcaldes de las comunas donde se han confiscado los terrenos para la apertura de vertederos y que se oponen en su mayoría al proyecto.
«No hemos dicho que todos estos sitios vayan a ser abiertos» y convertidos en vertederos de basura, dijo Bertolaso para calmar los ánimos.
Desde anoche, choques repetidos entre la policía y los manifestantes opuestos a la apertura del vertedero de Chiaiano (periferia noroeste de Nápoles) provocaron más de una decena de heridos de poca gravedad.
Varios alcaldes de las comunas involucradas encabezan las protestas.
«Estamos furiosos pues las autoridades no dialogan con las comunas que podrían acoger los vertederos», había denunciado hace unos días Massimo Nuvoletti.