Diana Hernández y Belky Rubio están libres pero se sienten presas. Aunque no hay nada que se los impida, casi no salen a la calle y pasan buena parte de su tiempo encerradas y escondidas en sus casas, fuera de la vista de sus vecinos y de la gente común.

En sus tobillos cargan un grillete electrónico, una especie de GPS que la Policía de Inmigración y Aduanas les amarra a su tobillo para saber en qué lugar se encuentran cada instante, cada minuto, las 24 horas del día, a cambio de no encerrarlas en un centro de detención.

Las mujeres, que no se conocen entre sí, son inmigrantes que llegaron al país ilegalmente y que se encuentran en proceso de deportación. El artefacto las avergüenza y las inhibe de salir, y las dos aseguran que están pagando un alto precio por su libertad, que incluye el perder el empleo, un aislamiento social, una incesante presión psicológica, dolores de cabeza y problemas en las piernas y la columna.

«Estoy presa en esta gran nación», dijo Rubio, de 20 años, inmigrante salvadoreña que llegó en abril a Estados Unidos. «He venido a luchar y salir adelante, no soy criminal, no he cometido un delito. Te ven en la calle y dicen: ‘algo ha hecho’ para tener un grillete… Siento que la gente me ve como un bicho raro. Con esto ya no puedo salir a ningún lado».

Rubio viste de pantalón para ocultar el dispositivo electrónico, tras explicar que la pesada batería del grillete golpea su pierna y que le cuesta trabajo caminar.

El grillete es como una tobillera de caucho negro duro de unos cuatro centímetros de ancho y lleva una batería que sobresale y debe ser enchufada a la electricidad toda la noche para que se mantenga cargada 12 horas al día. Está sellado como con una especie de cerradura y sólo puede ser abierto por las autoridades. Por lo general el dispositivo está flojo para no apretar la pierna, haciendo que la batería, de alrededor de medio kilo, se mueva de un lugar a otro al momento de caminar.

En el país hay unos 5 mil inmigrantes que llevan grilletes en sus tobillos, unos 400 más que en 2012, de acuerdo con estadísticas de la Policía de Inmigración de enero a mayo de 2013.

El grillete electrónico es una de varias alternativas a la cárcel autorizadas por el Congreso en 2002 para supervisar de cerca a personas que están en proceso de deportación y asegurarse de que se presentan a las audiencias previstas en las cortes; para aumentar el cumplimiento de órdenes de repatriación; y para reducir la cantidad de fugitivos, según la Policía de Inmigración.

Hernández, madre soltera de cuatro hijos de entre tres y 19 años, lleva el grillete desde enero de 2012, cuando las autoridades ingresaron una madrugada a su casa en busca de un hombre que tenía una orden de deportación. La persona ya no vivía allí ni era conocido de Hernández; pero, según ella, los policías le exigieron un documento de identificación y descubrieron que estaba en el país sin autorización legal. Como ella sólo vive con su hija estadounidense Juliette, de tres años, no la detuvieron pero la emplazaron a que se presentara a la siguiente semana en una oficina migratoria.

Allí, frente a la niña, según su relato, le colocaron el grillete y le dijeron que debía arreglar los asuntos que tuviera pendientes antes de ser deportada a su natal Honduras.

La mujer, que vino al país en 2004 para ahorrar, enviar dinero y construir una vivienda en Honduras, trabajaba limpiando casas por hora. Pero ahora dice que no la llaman tanto porque sus patrones vieron el grillete y porque hay días que debe presentarse en las oficinas de inmigración o a la empresa que se encarga de su supervisión.

«Desde que tengo el grillete a mis hijos les ha faltado de todo», dijo Hernández de 38 años, que vive en Plantation, a unos 65 kilómetros al noroeste de Miami. «Esto me ha afectado exageradamente… todas mis amistades se me alejaron por miedo a que las agarre migración, también me dijeron que no fuera más a las casas que limpiaba. Me da mucha vergüenza, me siento muy diferente a los demás porque me miran feo. Para mí fue un gran trauma porque tenía mi ropa bonita y ahora comencé a usar ropa larga para tapármelo. Uno se siente excluido de la sociedad».

Hernández también vendía cosméticos puerta a puerta pero ya no sale con tanta frecuencia por la vergüenza que siente. Cuidaba niños de amigas, que se alejaron al creer que el dispositivo podría dirigir a la Policía de Inmigración a sus hogares. El padre de su hija Juliette le da 650 dólares para que pague la renta y la manutención de la niña, pero aun así ha tenido que acudir a iglesias y a organizaciones sin fines de lucro a pedir comida y ropa.

Lo que más le duele, explicó, son sus tres hijos que la llaman de Honduras y le dicen que no tienen nada para comer, según ella.

«Este año no les he mandado ni un par de zapatos», se lamentó la mujer, que desde hace unos meses padece de dolores de cabeza y presión alta «por tanta preocupación».

Aseguró además que desde que tiene el grillete camina diferente porque la batería se le corre hacia adentro. Para que no le choque el otro tobillo, camina con las piernas más abiertas y eso le ha provocado dolores de columna.

«A veces no me aguanto ni sentada ni costada del dolor» de columna, dijo la mujer. Al mostrar sus piernas se veían varias venas sobresalientes de color rojizo y azulado, algo que según dijo tampoco tenía antes de llevar el dispositivo.

«Es fuerte», expresó el abogado de inmigración Marcial de Sautu. «A las mujeres les afecta más sentimentalmente, pero es mejor opción que estar detenido».

De Sauto explicó que en la cárcel, los inmigrantes están limitados en sus actividades, no están junto a sus familiares y en la mayoría de los casos sólo pueden verlos una vez a la semana, por una cantidad limitada de tiempo. Dijo además que por lo general no reciben visitas de los familiares o amigos que están en el país ilegalmente porque éstos temen ser detenidos si acuden a una prisión.

«Si están en la cárcel están presos, limitados en sus actividades, no tienen la libertad comparado a estar afuera con su familia», manifestó el abogado. Con el grillete «hay supervisión, pero le permite vivir su vida, sigue con su rutina».

Las autoridades aseguran que los grilletes son para personas que representan un bajo riesgo para la seguridad pública.

La Policía de Inmigración «analiza cada caso y da prioridad a la detención de personas que han cometido crímenes graves y otros individuos que representan una amenaza seria para la seguridad pública», dijo Ernestine Fobbs, portavoz de esa fuerza. «Aquellos que no son sometidos a una detención obligatoria y no representan una amenaza para la comunidad pueden ser colocados en algún tipo de supervisión».

En la mayoría de los casos, las personas con grilletes deben cumplir también con al menos una de las siguientes formas de control: entrevistas personales en oficinas de las autoridades, llamadas telefónicas de reconocimiento de voz y visitas a las casas de las personas con grilletes.

Los encargados de supervisar a los inmigrantes son empleados de una empresa privada contratada por las autoridades en 2009, que a su vez reportan a los agentes de inmigración.

No existe un límite de tiempo para tener puesto un grillete ya que cada caso se analiza de manera independiente, dijeron las autoridades.

Según las mujeres, un día de cada semana acuden a la oficina de BI Incorporated en Miami, empresa encargada de su supervisión. Otro día de la semana reciben en su casa a la misma persona que ya han visto en la compañía. Se trata de una breve entrevista en la que les preguntan si han comprado sus pasajes para irse del país, si han tramitado su pasaporte, y sobre cómo van sus trámites con el abogado.

La portavoz de BI Incorporated, Monica Hook, se abstuvo de hacer comentarios a la AP.

Las autoridades dijeron que el costo promedio del programa de supervisión es de 8,25 dólares por día por cada persona. BI Incorporated no quiso ofrecer detalles sobre sus ingresos.

La empresa pertenece al Grupo GEO, corporación que tiene casi un centenar de prisiones privadas y centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos, el Reino Unido y Australia, entre otros países, y que desde 1984 trabaja junto al gobierno federal y las autoridades de varios estados.

Cada vez que ven al empleado de la compañía que las entrevista, Hernández y Rubio dicen que se ponen a temblar de pensar que pueden ser detenidas y deportadas inmediatamente.

Arribar a las oficinas de la empresa le toma a Hernández y a su niña unas cuatro horas porque no tienen licencia de conducir ni carro y deben tomar tres autobuses para recorrer los 30 kilómetros que en automóvil haría en 25 minutos.

Rubio vive a unos 64 kilómetros al sur de la oficina y como no hay transporte que la lleve al lugar a tiempo, una prima la lleva en coche.

Hernández y Rubio se bañan y duermen con el grillete para cargar la batería.

El artefacto alumbra una pequeña luz verde cuando la batería está cargada, titila en amarillo cuando está perdiendo batería y se pone roja al quedarse sin carga. Cuando está a punto de perder la batería una voz electrónica da una advertencia y comienza a sonar una especie de silbato.

Si esto sucede, las autoridades las llaman de inmediato al teléfono celular y les ordenan que se presenten de inmediato en las oficinas, dijeron las mujeres.

Al principio el grillete de Hernández sonaba constantemente, hasta que aprendió que debía cargarlo. Su niña salía corriendo a buscar el cable para enchufarlo y cargar la batería.

La presión que sienten para que se vayan de Estados Unidos es tan grande que ambas han considerado volver a sus países. La opción, sin embargo, fue descartada por el temor que tienen a la inseguridad en Honduras y El Salvador, dos países azotados por la violencia.

Rubio, que dijo que salió de El Salvador tras ser amenazada de muerte por una pandilla, dejó su bebé de cinco meses al cuidado de su madre. Tiene esperanza de que le quiten el grillete y le otorguen una visa U, por haber denunciado ante las autoridades los abusos que dice haber sufrido tras haber pisado territorio estadounidense.

De acuerdo con su relato, tras cruzar la frontera fue secuestrada y maltratada física y sexualmente por un grupo de hombres en Texas involucrados en contrabando humano. Junto a otras dos mujeres de Guatemala pudo escapar e hizo la denuncia policial ante un alguacil, que la llevó a un hospital del área para que fuera atendida.

En las últimas semanas Rubio se ha comunicado con los alguaciles de Texas que recibieron su denuncia y espera ahora que envíen firmado un documento que acredite que ella ha colaborado con ellos, para poder así iniciar el trámite de la visa U. Está a la espera también del reporte del hospital para presentarlo en su petición de visa.

Ahora vive en el sur de la Florida, con una prima que es residente legal.