«Sé que me van a quitar el piso, pero no sé cuándo», confía Jorge Alexander Rodríguez, un colombiano instalado desde hace cuatro años en España y que, endeudado hasta la coronilla, no logra pagar su hipoteca desde hace seis meses.
Su esposa está en el paro y los ingresos de la pareja, instalada en el sur de Madrid con sus dos hijos, son ahora inferiores a los compromisos mensuales de su departamento, comprado hace dos años.
Como centenares de miles de españoles e inmigrantes inmersos en dificultades por la crisis económica, Jorge, de 36 años, no pensó nunca en esta situación cuando, en plena euforia inmobiliaria, empeñó sin problemas su futuro.
En esa época de «oro», los bancos españoles concedían préstamos a mansalva, mirando hacia otro lado o cerrando los ojos a la solvencia de los candidatos a hipotecas.
«Cuando fui al banco a pedir la hipoteca, mi esposa ganaba unos 750 euros al mes, y yo mas o menos lo mismo. No era suficiente para que nos dieran la hipoteca», relató. «En el banco nos dijeron que podíamos poner a una tercera persona. Pusimos a un amigo, que figura como propietario pero en realidad no aporta nada», continuó.
El caso no es único, según la asociación AESCO (América España Solidaridad Cooperación), que aconseja a estos deudores y denuncia que los bancos permitieron entonces, a compradores poco solventes, «avalarse entre sí».
Como el 90% de los deudores españoles, Jorge Alexander y su mujer contrataron una hipoteca con tasa variable, indexada al Euribor, una de las principales tasas de la zona euro, que aumentó considerablemente en los últimos años.
Y como muchos de ellos, rápidamente fueron superados por el alza de la tasa mensual: 870 euros al principio, 1.300 euros dos años más tarde.
Así «no puedo seguir pagando», afirma este empleado de la construcción que sabe que después del de su mujer, su empleo estará amenazado por la crisis.
En el banco «me dijeron que me la alargaban cinco años por 100 euros menos al mes» una hipoteca contratada por 35 años.
Casos semejantes «se multiplican desde el año pasado», cuando España se sumergió en la crisis, afirmó Jhon Hernández, responsable de AESCO.
«Tenemos en nuestra base de datos a unos 12.000 personas que tienen problemas para pagar la hipoteca» y «a partir de mayo, a unos 60.000 se les podría quitar el piso por vía judicial», añadió.
Jhon Hernandez, orienta a algunos centenares de inmigrantes y de españoles «completamente perdidos, que no saben qué decir a sus bancos, ni cómo enfrentarse a un juicio».
También colombiano, explica que los inmigrantes sudamericanos están particularmente afectados por la crisis pues llegaron a España «con una actitud consumista que corresponde a un modo de vida americano», sin dudar en «comprar, endeudarse, sin pensarlo demasiado».
A Guillermo Portilla, un ecuatoriano de 38 años, titular de una hipoteca a 30 años por un apartamento de 160.000 euros, en el paro desde hace dos meses y que no podrá pagar sus letras, le recomienda «pensarlo más, ahorrar, menos fiesta el fin de semana».
Guillermo ya propuso al banco «entregar el piso» a cambio de la anulación de su deuda. «No han querido, me dijeron que buscara otro trabajo», lamenta.