Para justificar su voto en contra del amparo que permite al Contralor de Cuentas reclamar los datos sobre la manera en que se gasta el dinero del Estado en los programas de Cohesión Social, el magistrado Dimas Bonilla dijo que no se opone al fondo, sino que a la forma porque el amparo debió ser interpuesto por el Procurador General de la Nación y no por el Contralor. El argumento no tiene ningún sustento porque la Contraloría de Cuentas es, según la Constitución, una institución técnica descentralizada con el encargo de velar por la probidad y sería absurdo que para reclamar datos del Ejecutivo tenga que hacerlo por medio del Procurador General nombrado por el Presidente de la República.
Afortunadamente el criterio del magistrado Bonilla no pesó lo suficiente para impedir que se otorgara el amparo solicitado, puesto que la mayoría de los integrantes del tribunal extraordinario consideraron que había absoluta legitimidad en la acción del Contralor y de esa cuenta decidieron ampararlo al tenor de lo que establece la Ley.
Es cierto que en cuestiones legales hay diferentes criterios y que por ello existen los tribunales colegiados que tienen que resolver sobre las peticiones en materia de ley. Y también tenemos que entender que la variedad de criterios es parte de la estructura legal en cualquier país del mundo, pero no deja de ser sospechoso que aquellos magistrados que recibieron tacha en el momento de su elección hayan hecho causa común ahora para proteger el secreto que celosamente se empeña en mantener el programa de Cohesión Social que no quiere dar el número de cédula que identifica a los beneficiarios de programas como Mi Familia Progresa.
Precisamente porque esos programas son tan importantes para el país dado el nivel de pobreza existente, es imperativo que los protejan y preserven mediante la transparencia que elimina las dudas entre la población respecto al manejo que se hace de ese dinero. Si algo puede en el futuro cercano ponerle fin al empeño de asistir a las familias más pobres, es el mal manejo de los fondos o, lo que es lo mismo, la duda sobre la forma en que se administra el recurso del Estado. Y si ni el Contralor de Cuentas tiene acceso a esos datos, obviamente no se puede hablar de transparencia.
Ojalá que los magistrados que pudieron haber alcanzado el puesto en el marco de las negociaciones realizadas por la hermana de la esposa del Presidente, se den cuenta de su error y dejen de retorcer la Ley para favorecer la secretividad en el manejo de los fondos del Estado.