Una iniciativa de ley podrí­a abrir el camino para que se pueda proteger a la parte más débil de la relación laboral durante una quiebra -los empleados-, y también a los accionistas minoritarios en las sociedades cuando se trate de la apertura o cierre de empresas en el paí­s.

El objetivo de la propuesta fomentar la certeza jurí­dica para que se abran nuevas empresas de una manera legal, justa y transparente, y que vayan en la ruta de la modernidad y justicia empresarial como en otros paí­ses.

Juan Carlos Paiz, comisionado presidencial del Programa de Nacional Competitividad e Inversión, dio a conocer el tema luego de una reunión en la comisión de Economí­a y Comercio Exterior, donde expuso el caso al diputado unionista, Mariano Rayo.

Aunque la ley no estarí­a dedicada a ningún sector, sí­ se piensa, por ejemplo, en el caso de las maquilas, que son el mejor referente de los atropellos que sufre toda la cadena comercial, industrial y laboral, cuando un empresario abandona una empresa y no garantiza los derechos de sus trabajadores.

«Cuando se hace de esta forma hay personas que salen en desventaja, acreedores, proveedores. Debe haber un marco regulatorio para que las empresas cuando quiebren, sea justo para todos los involucrados, todos los que van a tener que perder en el negocio», señaló Paiz.

Análisis

Por otro lado, el Organismo Ejecutivo pronto recibirá un análisis de la consulta que efectúa al Banco Mundial, y que permitirí­a concluir y entregar el texto de dos iniciativas, una sobre la Ley de Quiebras y la segunda que propone reformas al Código de Comercio de Guatemala.

El espí­ritu de la iniciativa de la ley de quiebras buscarí­a asegurar un trato justo a los trabajadores, en vista de que una gran cantidad de empleados de la maquila y otras actividades se han quedado sin recibir sus prestaciones o pasivo laboral, a causa de la irresponsabilidad de algunos empleadores, explicó Paiz.

Y como en el Congreso se ha venido evidenciando, otra necesidad que la modernidad empresarial, exige, y que se podrí­a complementar a la reforma legislativa, es evitar las acciones al portador en las empresas, lo cual ya se encuentra concentrado en una iniciativa especial enviada al Congreso.