El viernes 6 del presente mes, por invitación de la URNG-MAIZ y la Fundación Frieederich Ebert Stiftung, asistí al salón Larrazábal del Congreso de la República al acto de presentación de la iniciativa de ley sobre reformas a la Ley General de Electricidad.
Asistió un buen número de ciudadanas y ciudadanos, siendo impresionante la nutrida presencia de trabajadores del servicio eléctrico y de dirigentes de los sindicatos de las empresas De Occidente, S.A (Deoccsa), De Oriente S.A. (Deorsa) y de la Empresa Eléctrica de Guatemala.
La iniciativa de ley que se conoció, fue entregada, después de su presentación y de un lapso de preguntas y respuestas y emisión de opiniones de parte del público asistente, a la licenciada Ana Isabel Antillón. directora legislativa del Congreso de la República, por los diputados, Dr. Héctor Nuila Ericastilla y Walter Rolando Félix López, ambos del Partido URNG-MAIZ, a fin de que se le diera el trámite correspondiente por el pleno del Congreso.
La iniciativa reforma la Ley General de Electricidad actualmente en vigor, aprobada hace trece años, por el Decreto 93-96 del Congreso de la República.
Los diputados Nuila y Félix López dieron lectura al texto de la iniciativa de ley, y explicaron los motivos principales que ellos y su Partido tomaron en cuenta para modificar el Decreto 93-96, entre ellos:
a) El carácter anticonstitucional de varias de sus disposiciones; b) que la ley vigente «debilita y anula la capacidad del Estado para garantizar la independencia energética de Guatemala; c) por deficiencias de la ley en vigor, y otras causas, han ocurrido y siguen produciéndose «abusos de parte de las empresas transnacionales, los cuales repercuten en contra del Estado y la sociedad; d) las disposiciones del Decreto 93-96 permiten que se generen problemas de naturaleza estructural, «por la existencia de un monopolio privado que crea de forma sistemática dificultades para los usuarios».
Además de los diputados Nuila y Félix López, los asesores del Congreso Carlos Mejía y Freddy de León, contribuyeron a ampliar las explicaciones y aclarar dudas de las personas presentes y, además, varios de los dirigentes sindicales del servicio público de generación, transporte y distribución de electricidad expusieron sus puntos de vista sobre la urgente necesidad de modificar la ley actual, basándose en la honda experiencia adquirida después de muchos años que tienen de trabajar en la industria y servicio público de electricidad.
Debo informar que los diputados ponentes manifestaron que las reformas reguladas en la iniciativa de ley, no satisfacen plenamente sus preocupaciones, por el indudable poderío económico a nivel universal de las empresas transnacionales que participan con entidades del Estado, en la prestación de este servicio público, que de hecho limita la potestad del Estado y de las municipalidades, para atender mejor y en forma menos onerosas necesidades del consumo, tanto del sector empresarial de producción, como de servicios y de los usuarios particulares comunes y corrientes. O sea que la política de electrificación debiera ser la de la nacionalización de sus actividades. Pero, francamente, sin ambages, declararon: Este no es todavía el momento oportuno para estatizarla. «Hacemos lo que se puede», y dentro de esa posibilidad está el fortalecimiento de las instituciones públicas, responsables de la política de electrificación del país, como el Ministerio de Energía, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) y la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam).
De mi parte, todavía no estoy en condiciones para emitir un dictamen definitivo sobre los aciertos o desaciertos de la iniciativa. De la iniciativa de ley, pero sí puedo afirmar que de ser aprobada por el Congreso de la República y promulgada por el Organismo Ejecutivo, tanto el Estado como las Municipalidades van a estar, legislativamente, mucho mejor pertrechados para cometer los abusos de las empresas transnacionales que han dominado y, todavía dominan, la política nacional de electrificación.
Pero para que las reformas al Decreto 93-96 surtan sus buenos efectos, será indispensable que los tres organismos del Estado, sin desmayo alguno, actúen con indeclinable voluntad política para hacer cumplir la Ley, principalmente a favor de los intereses nacionales y de los usuarios de los servicios de electricidad.
En el próximo artículo escribiré sobre propuestas que expuse en la reunión del sábado 6 de este mes de marzo, y que considera que de tomarse en cuenta mejorarán la iniciativa de ley presentada por URNG-MAIZ.