En el primer artículo sobre esta iniciativa de Ley, pendiente de ser aprobada por el pleno del Congreso de la República, ya se manifestó que sería funesta la actuación de dicho fondo, como lo ha sido la de otros Fondos Sociales, en los últimos quince años.
En el comentario de la semana pasada fueron analizados los Considerandos de la iniciativa de ley, en los que los diputados autores de la iniciativa y las comisiones de trabajo del Congreso que dieron su visto bueno a la propuesta, pretendieron basar legalmente, así como en una imaginaria conveniencia para las municipalidades de las áreas de explotación de hidrocarburos y, de nuestra parte, se dieron los argumentos jurídicos, financieros y operacionales que demuestran la inexactitud de las pretendidas bondades del Fondo de Petróleo, además, se anunció que en siguientes artículos se expondrían las razones que abonan, por el bien del país, la necesaria reprobación de la iniciativa, por el pleno del Congreso y, en caso contrario, del veto presidencial para evitar su entrada en vigor.
Pues bien, ahora se dará la siguiente razón: el historial ímprobo de todos los Fondos Sociales que deficiente y corruptamente funcionan en Guatemala.
Al respecto, quien escribe en esta columna de La Hora, realizó el año pasado una investigación sobre la corrupción, en cuenta de la administración pública, en Guatemala y tuvo oportunidad de conocer las corruptelas generalizadas en la red de Fondos Sociales del Estado. Entérese:
Fueron instituciones internacionales las promotoras de la creación de los Fondos Sociales, de las cuales la más influyente fue el Banco Mundial (BM). En 1993, so pretexto de la sedicente finalidad de combatir la pobreza, el BM comenzó a establecer entidades de servicio público a las cuales se les exceptuaba de regulaciones del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado, incluso quitándole al trabajador del Estado derechos laborales establecidos en la Ley de Servicio Civil y permitiendo despidos arbitrarios de trabajadores y exceptuando a esas dependencias de los requisitos de licitación pública. Con el señuelo de que esos mecanismos contribuirían a la eficiencia y sostenibilidad de las actividades administrativas, se comenzó por modestos proyectos de inversión en salud, educación, agua potable, saneamiento, electrificación, medio ambiente y desarrollo de la comunidad. Proyectos financiados por fuentes internacionales que acrecentaron la deuda pública.
A continuación unas pocas menciones de fraudes cometidos por Fondos Sociales, porque si se informase de todos, no se dispondría de espacio suficiente.
FONAPAZ desvió Q20 millones destinados a compromisos con las poblaciones desarraigadas por el conflicto armado, para la construcción -en condiciones dubitativas de pulcritud- de un parque recreativo en el Campo de Marte, por la Municipalidad de Guatemala.
Otra especie de Fondo Social, el Programa de Ayuda Comunitaria Urbana y Rural (PACUR), por medio del cual, no pocos diputados del Congreso de la República se enriquecieron ilícitamente, en contubernio con altas autoridades de la Oficina Internacional de Migraciones (OIM), de la ONU.
Compras y ventas de tierras, mediando fraude por parte de funcionarios y empleados de FONTIERRAS, así como erogaciones similares del Fondo Guatemalteco de Inversión Social, del Fondo de Desarrollo Indígena (Fodigua), del Programa Nacional de Educación (Pronade) y del Fondo de Protección del Ahorro, como quedó probado con las quiebras premeditadas de los bancos gemelos, del Café y de Comercio. (Continuará)