Estados Unidos iniciará una disputa con Guatemala por violar leyes laborales, bajo el Tratado de Libre Comercio con América Central (CAFTA), anunció hoy el Representante Comercial estadounidense, Ron Kirk.
«Queremos ver que el gobierno de Guatemala tome medidas específicas y efectivas, incluyendo, de ser necesario, reformas legislativas, para mejorar las fallas sistemáticas a la hora de aplicar las leyes laborales», indicó Kirk, citado en un comunicado de su oficina.
Tras presentar la disputa, Guatemala y Estados Unidos iniciarán consultas por 60 días para tratar de resolverla, y de no alcanzarse un acuerdo, se dispararán varios mecanismos dentro del CAFTA que pueden llevar a Estados Unidos a exigir una compensación de 15 millones de dólares anuales.
Estados Unidos ha denunciado, desde que emitió un informe en enero de 2009, que el gobierno de Guatemala no garantiza condiciones aceptables de trabajo ni los derechos a la asociación y a la negociación colectiva de los trabajadores.
Washington alega que los trabajadores estadounidenses quedan en desventaja al tener que competir con los guatemaltecos, empleados en condiciones inferiores.
La disputa de Estados Unidos «expresa nuestras grandes preocupaciones por este problema e indica que tenemos la intención de debatir este tema con el gobierno de Guatemala», dijo Kirk.
«Estamos comprometidos con asegurar que las empresas y los trabajadores de Estados Unidos compitan en una situación de igualdad y que se respeten los derechos laborales en los países con los cuales tenemos una relación comercial», dijo por su parte la secretaria del Trabajo, Hilda Solís.
Solís realizó esta semana una gira por América Central para impulsar programas bilaterales.
En abril de 2008, la central sindical de Estados Unidos AFL-CIO y seis sindicatos guatemaltecos hicieron una denuncia ante CAFTA por las supuestas violaciones del gobierno de Guatemala a las leyes laborales.
Un congresista clave para el comercio, el presidente de la comisión de Medios y Arbitrios, el demócrata Sander Levin, saludó el inicio de la disputa, la primera sobre leyes laborales bajo un tratado de libre comercio estadounidense, por lo que «su significado no debe ser subestimado».
«Esta decisión refleja el compromiso del gobierno con los derechos de los trabajadores», dijo Levin en un comunicado.