El Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) efectuaron cuatro allanamientos en búsqueda del ex fiscal de Delitos contra la Vida, ílvaro Matus, luego que fuera acusado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el MP de obstruir el proceso de investigación del ex asesor de Gobernación, Víctor Rivera, asesinado en abril de 2008.
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Según se informó, los allanamientos se efectuaron en la zona 1, Villa Nueva y San Cristóbal, zona 8 de Mixco.
De acuerdo con Rémber Larios, director adjunto de la PNC, la notificación para proceder a la captura fue recibida desde ayer por la tarde, por lo que hoy se inició la localización del ex fiscal; sin embargo, los resultados fueron infructuosos.
Amílcar Velásquez Zárate, Fiscal General del MP, dijo a este vespertino que hasta el momento desconocen el paradero de Matus, por lo que los allanamientos continuarán.
El funcionario señaló que lo más recomendable sería que el ex fiscal se presentara por cuenta propia ante las autoridades correspondientes, ya que si él no ha cometido ninguna falta, debe encarar a la justicia para solventar la situación; además manifestó que desde hace cuatro meses la CICIG trató de comunicarse con él para esclarecer la situación, sin haber obtenido contestación a las llamadas.
La máxima autoridad del MP no descarta que Matus pudiera haber salido del país, ya que pese al arraigo en su contra existen otras formas de abandonar Guatemala.
Este vespertino intentó comunicarse con Matus, pero no contestó a las llamadas.
LA ACUSACIí“N
La acusación presentada el pasado lunes por la CICIG sindica a ílvaro Matus por los delitos de conspiración, obstrucción de justicia, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, por haber obstaculizado las pesquisas por la muerte de Víctor Rivera.
En conferencia de prensa, el representante de la CICIG señaló que la actitud mostrada por Matus durante el proceso de investigación fue de obstrucción y negligencia, motivo por el cual se procedió a ordenar su aprehensión, ya que hubo falta y obstaculización de investigación y destrucción de evidencias en el caso del fallecido asesor de Gobernación.