Amílcar Pop, diputado del Congreso de la República y miembro de la Comisión de Probidad, informó que ha presentado 26 denuncias y acciones de antejuicio contra funcionarios por negación a informar sobre la situación presupuestaria.

En la Corte Suprema de Justicia (CSJ) actualmente se encuentran en trámite tres antejuicios contra funcionarios de Antonio Arenales Forno, de la Secretaría de la Paz, Erick Archila titular del Ministerio de Energía y Minas y Greymar Méndez, alcalde de  El Tejar, Chimaltenango.

Dichas acciones fueron presentadas por el diputado Pop durante los meses de septiembre y octubre, y según indicó en lo que va del año ha promovido 26 antejuicios contra funcionarios que no han informado a tiempo sobre su situación presupuestaria. Las denuncias fueron planteadas por el delito de incumplimiento de deberes.

En el caso de las primeras entidades el congresista manifestó que se negaron a entregar la información sobre la ejecución financiera durante varios meses, y en algunos casos alrededor de dos años.

“He estado luchando por la posibilidad del acceso a la información pública, por la transparencia de la ejecución presupuestaria, y pedí los informes de ejecución que la Ley mandata que deben entregar a la Comisión de Probidad y se negaron a entregarlo”, aseguró Pop y explicó el motivo de las acciones legales.

El funcionario indicó que dichas denuncias buscan que se respete el derecho al acceso a la información pública y trasparencia en la ejecución presupuestaria, “el ocultar la información me impide a mí realizar los procesos de fiscalización adecuada”, acotó.

Por último el diputado manifestó que en el caso de Forno, al no contar con derecho de antejuicio espera que se le abra una causa penal, mientras que la acción contra el MEM no ha sido notificado del trámite de la acción.

Únicamente en el caso del alcalde de El Tejar, dijo que este lunes viajaría a la sede del Organismo Judicial de Chimaltenango para ratificar la denuncia interpuesta en su contra y presentar los argumentos con los que busca sea sometido a un proceso penal.

FALTA DE INFORMACIÓN

El pasado 25 de febrero Pop planteó una denuncia penal en contra de la ministra Cynthia Del Águila por los delitos de incumplimiento de deberes y abuso de autoridad. El legislador argumentó en su solicitud de antejuicio que la funcionaria no compareció a las citaciones al Congreso y no proporcionó la información vinculada con la reforma a la carrera magisterial.

La Corte Suprema de Justicia señaló que existían los indicios suficientes para que se le retirara la inmunidad y remitió al Congreso el expediente para que se formara una comisión pesquisidora. En el pleno 50 diputados apoyaron a la ministra y solo 40 pidió que se le retirara la inmunidad.