En el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo se inició el juicio en contra de tres personas sindicadas por el asesinato de la jueza Duodécimo de Trabajo y Previsión Social, Flor de María Gil Ovalle, ultimada el 9 de agosto de 2009.
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De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, el móvil del crimen contra Gil Ovalle fue el despojo de cuatro fincas registradas a su nombre; tres ubicadas en Guastatoya, El Progreso, y una más en la Ciudad.
Por la muerte de la juzgadora enfrentan proceso el abogado Roger Mauricio González González, Víctor Calderón Oliva y Daniel Urrutia Vidal; son acusados de los delitos de asociación ilícita, conspiración para cometer asesinato y asesinato.
En el caso de González y Calderón, el Ministerio Público (MP) también les imputa los ilícitos de falsedad ideológica, uso de documentos falsificados en forma continuada y caso especial de estafa.
Los sindicados serían parte de una estructura criminal que inició sus operaciones en el año 2000. Según el MP dicha banda operaba principalmente en zonas del municipio de Guatemala y el departamento de El Progreso.
La fiscalía le indicó al Tribunal que el abogado fue identificado como el presunto líder de la banda, mientras que Oliva figura en las pesquisas como el beneficiario de los terrenos despojados a Gil Ovalle, y Urrutia fue identificado como el supuesto sicario que atentó contra la jueza.
LOS HECHOS
Las pesquisas refieren que la estructura por medio de escrituras falsas despojó a Gil Ovalle la potestad sobre un terreno inscrito en el Registro General de la Propiedad, con la finca 30590, folio 164, del libro 591 del departamento de Guatemala, ubicado en la zona 11 capitalina y con un área de 329.05 m2.
Por otro lado, los fiscales determinaron que luego de dicho despojo, y a través del mismo método le quitaron tres fincas ubicadas en Guastatoya. En estos casos Oliva, fue la persona que apareció como supuesto comprador de los terrenos.
Según la información, Gil, se habría dado cuenta del fraude de los terrenos y los denunció, “para evitar ser descubiertos y también para evitar que recuperara las fincas, la asesinaron”, refiere el MP. Posteriormente, el hijo de la togada Homero Juárez Gil, también fue asesinado.
ROBO DE INMUEBLES
En noviembre de 2012 Enríquez Acabal, junto a cuatro personas más, fue condenado por el asesinato de los médicos Víctor Hugo Cardona y Cristina Arreaga, así como la enfermera Aracely Pérez. Según el MP el móvil también fue el robo de propiedades.