Hoy dio inicio el juicio contra Antonio Rutilio Matías, ex agente de la Policía Nacional Civil (PNC), acusado de la violación de Juana Méndez en la comisaría de Nebaj, Quiché; otro miembro de las filas policiales permanece prófugo de la justicia.
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Desde 2005, la agraviada denunció que mientras permanecía detenida había sido agredida y violada por los agentes de la PNC que la custodiaban. Tres años después uno de los implicados en el proceso que la mujer, indígena, madre y de 45 años, inició.
Víctima
El 20 de diciembre de 2004, la señora Juana Méndez fue detenida por agentes de la PNC en uno de los decomisos de amapola que realizaba la Policía por aquella región, la entonces sindicada fue enviada al Centro de Detención de Chimaltenango, donde se abrió el proceso en su contra.
El 17 de enero de 2005 fue trasladada a Nebaj, Quiché, donde presentaría su primera declaración ante el juez de primera instancia de dicha región. Los agentes que la custodiaban la trasladaron esa misma fecha a la comisaría local, donde, según declaraciones de la víctima, dos agentes la violaron, torturaron y obligaron a realizar actos vergonzosos.
Un día después, Méndez denunció lo sucedido ante el juez, quien solicitó la declaración de testigos, entre ellos un miembro de la PNC que se encontraba amenazado de muerte y varios de los detenidos que se encontraban esa noche en la comisaría.
Caso
El único procesado es el ex agente Matías; Nery Osberto Aldana tiene orden de captura por el mismo hecho, pero aún permanece prófugo de la justicia, contra un tercer implicado no se solicitó la aprehensión. El Ministerio Público acusa al primero de los delitos de violación agravada y abuso de autoridad.
Norma Cruz, de la Fundación Sobrevivientes, manifestó que el proceso contra uno de los implicados en dicho caso es un avance para combatir la impunidad, ya que el presente caso es el primero que va a juicio por abuso por parte de policías.
«Creo que es un avance para combatir la impunidad que ha privado de la justicia en Guatemala. Se han encubierto siempre los actos de violación a los derechos humanos, así que éste es un avance en dos líneas: de cara a las víctimas y al sistema de justicia nacional», enfatizó Cruz.
Según un informe del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, el 75 por ciento de las mujeres detenidas son víctimas de agresiones sexuales por parte de agentes policiales.
La pena de prisión por el delito de violación es de 20 años y por abuso de autoridad es de 6 años.