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El 24 de marzo del año pasado, el presidente Otto Pérez Molina no logró obtener el respaldo de la región para impulsar su propuesta inicial de despenalizar el uso de las drogas como medida para combatir el narcotráfico en Centroamérica. 

A la frustrada reunión, realizada en Antigua Guatemala, solo asistieron el anfitrión, Otto Pérez, la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, y de Panamá, Ricardo Martinelli, mientras que los presidentes de Honduras, Nicaragua y El Salvador declinaron participar.

Hoy, más de 14 meses después, la propuesta pasó de ser la “despenalización” a la “búsqueda de una política integral frente al consumo de drogas” en el marco de la 43 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y ha logrado convocar al menos a 28 cancilleres de 34 países miembros de la instancia continental.

Las actividades de la Asamblea empezaron con el diálogo de jefes de delegación y el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, en conjunto con representantes de la sociedad civil, trabajadores y miembros de la iniciativa privada.

La sesión inaugural se llevará a cabo esta tarde en la Finca Filadelfia; luego se realizará un coctel de bienvenida para las delegaciones y después se tiene prevista una cena ofrecida por Pérez Molina.

Aunque en el ambiente prevalece un clima de cordialidad y se percibe la posibilidad de un amplio diálogo en cuanto al problema de las drogas, ya se sabe que Estados Unidos no está de acuerdo en despenalizar el uso de narcóticos, como una vez lo propuso Guatemala.

Esto recuerda que hace 80 años, en 1933, Estados Unidos enmendó su Constitución para levantar la prohibición del alcohol, que entonces había ocasionado serios conflictos sociales, como sucede ahora con el tema de las drogas.

OPOSICIÓN A DESPENALIZACIÓN

El secretario de Estado norteamericano John Kerry hará en esta ocasión su primer viaje a Latinoamérica desde que asumió el cargo, encabezando a la delegación estadounidense en la Asamblea de la OEA, que alguna vez menospreció por considerarla inefectiva y casi irrelevante.

Kerry partió hoy rumbo a Guatemala, donde se espera que la lucha contra el narcotráfico y los derechos humanos sean los principales temas de discusión.

La OEA es frecuentemente criticada en Estados Unidos, y Kerry escribió un mordaz editorial relacionado a sus fallas y la necesidad de reformarse hace tres años, cuando era presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

El Departamento de Estado informó ayer que Kerry opina que el bloque es una organización de importancia determinante para el continente y está trabajando para fortalecerla.

LA SOCIEDAD OPINA

Según Carmen Rosa de León Escribano, del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), el problema de las drogas compromete el Estado de Derecho en los países, desafía y afecta gravemente la salud y la seguridad pública al igual que la democracia misma.

De León Escribano indica que el problema de las drogas genera grandes impactos sociales, económicos y de corrupción a todos los niveles, incrementando la violencia y la violación a los derechos humanos, además de producir graves impactos ambientales.

La experta recomendó la separación del campo penal y de la seguridad el uso y consumo personal de las drogas, así como todas las conductas tendientes a esa finalidad, por lo que es necesario establecer criterios objetivos para la caracterización del destino de la droga, así como para el uso y consumo de las drogas.

Según la directora de Iepades, esto permitirá el descongestionamiento de las cárceles y los sistemas de justicia, ya que el consumo de drogas es un problema socio-sanitario, pero también económico por lo que es preciso fortalecer los sistemas nacionales de salud, empleo educación de apoyo e inclusión social, particularmente en las áreas de prevención.

Entre tanto, Iduvina Hernández, de Seguridad en Democracia (Sedem), manifiesta que las políticas de la lucha contra las drogas y derechos humanos debe alejarse de la perspectiva de la seguridad y la militarización garantizando un respeto irrestricto a los derechos humanos de todas las personas y su consideración de la perspectiva de la salud pública humana atendiendo la prevención y la atención en salud psicosocial.

Hernández dice que hasta el momento las políticas implementadas han tenido impactos diferenciados en ciertos grupos colocándolos en situación de vulnerabilidad, en particular este impacto se manifiesta en distintas formas de violencia.

Además señaló que todas las políticas en relación a la lucha contra las drogas y la despenalización o legalización de las mismas se consideren de interés superior de la niñez en el marco de los compromisos asumidos por los estados.

Garantizando la protección de adolescentes y jóvenes evitando su criminalización y considerando en su caso la imposición de sanciones alternativas, e insto a sustituir el paradigma de la guerra contra las drogas considerando los recursos de inversión para la salud y la no internación forzada en las políticas de reforma de las fuerzas de seguridad.