A más de dos años de intentos porque diferentes salas y magistrados del Organismo Judicial (OJ) conozcan la solicitud de amnistía del expresidente de facto, Efraín Ríos Montt, Moisés Galindo, abogado de la defensa, dijo que los togados se han inhibido de conocer la solicitud por temor a perder la reelección si participan de un caso polémico.

Con la instalación de la Comisión de Postulación para elegir a los magistrados para un nuevo período, el abogado de la defensa ve motivos para que los togados no quieran conocer el documento.

Esta semana, la solicitud de amnistía de Ríos Montt retornó a la Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal en la Torre de Tribunales, y tendría cinco días para resolver, pero el Magistrado a cargo, Axel Maas, se excusó nuevamente de participar del proceso.

A pesar de la negatoria de Maas, la Sala Primera de Apelaciones deberá ser conformada, como parte de una orden de la Corte Suprema de Justicia. A la fecha, más de 60 magistrados suplentes se han excusado de conocer el caso, lo que para la defensa ha significado que existe un problema de administración de justicia, pues se le ha dado un tratamiento –al caso– de tipo político y no judicial, como corresponde.

A decir de Galindo, se debe entrar a conocer la apelación aun si no es favorable para el exmilitar, pues corresponde al cumplimiento de la máxima ley nacional, la Constitución Política de la República.

AMNISTÍA
A través del expediente, el acusado por los delitos de Genocidio y Deberes contra la Humanidad, busca saber si puede ser exonerado por la justicia a través de la amnistía ofrecida en el gobierno de Óscar Humberto Mejía Víctores, en 1986.

Esta apelación fue presentada en medio del polémico juicio por genocidio, el 1 de  marzo del 2012. Para junio del año siguiente, Héctor Reyes, abogado del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), apuntaba que tal proceso no era posible por la existencia de la Ley de Reconciliación Nacional, que indica que la responsabilidad penal no será removida a las personas o grupos que hayan incurrido en los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada.

Al respecto se intentó comunicar con Edgar Pérez, de la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR), y querellante en el caso por genocidio, pero no fue posible conseguir sus reacciones al respecto a la negación de los magistrados.