La infraestructura pública en Guatemala parece no estar preparada para afrontar las calamidades ocasionadas por la naturaleza y tampoco las provocadas por la mano humana.

Expertos en gestión de riesgo estructural indican que solo un bajo porcentaje de los edificios podría hacer frente a estos imprevistos, lo que pone en riesgo, a diario, la vida de los guatemaltecos.

David de León, vocero de La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred),  dice que actualmente solo un 40 por ciento de los edificios públicos cumplen con las normas de seguridad establecidas en el Acuerdo 04-2011, “Normas mínimas de seguridad en edificaciones e instalaciones de uso público”, mientras que un 60 por ciento aun no las implementa.

La Conred ha emitido normas de seguridad de carácter obligatorio, pero muchos edificios aún no cuentan con estas medidas de prevención, que deberían tomarse en cuenta si se considera que Guatemala ocupa la duodécima posición de 20 países conocidos por su alta incidencia sísmica.

Este panorama representa un verdadero problema  ya que la mayoría de las personas desconoce qué hacer en el momento de presentarse una emergencia.

FRÁGIL INFRAESTRUCTURA

Según el arquitecto Mario Maldonado  mucha de la infraestructura antigua que hay en Guatemala es muy frágil pues al ser construida siglos atrás –como el edificio de Patrimonio Cultural y Natural de la Nación (del siglo XVIII) y el del Tribunal Supremo Electoral (1910)– no fue planificada para resistir los embates de la naturaleza o las acciones destructivas del hombre.

En este caso, las edificaciones del Centro Histórico se enmarcan perfectamente en este tipo de construcciones de alta vulnerabilidad.

“El sistema constructivo era de ladrillo, adobe, en algunos casos algunas partes eran de piedra por lo que  eso hacía que los muros fueran un poco más anchos (…) esto en determinado momento no funciona o no reacciona de adecuadamente a los mismos movimientos sísmicos”, explica Maldonado.

Igualmente, la presencia constante de la lluvia sobre materiales de tipo poroso provoca que estas superficies absorban los líquidos. “Con cada invierno y con la falta de mantenimiento, la mayoría de las construcciones se van debilitando y se van formando sobre todo grietas, filtraciones, daños estructurales que pueden hacer colapsar una estructura”, refiere.

A decir de Eugenia García, arquitecta conocedora de gestión de riesgos, los sismos y la filtración de agua en los edificios son dos factores que contribuyen a la inestabilidad de las construcciones, sobre todo en las más antiguas.

Además, opina que “nunca vamos a estar totalmente preparados” para hacer frente a estos sucesos, sobre todo la Conred que “no se dan abasto para preparar a las personas”.

Por otro lado, las estructuras construidas a partir de la segunda década del siglo XX fueron planificadas de otra forma, pues en su infraestructura se empezó a incluir un refuerzo de concreto y hierro. Lo que permite que funcionen de mejor manera ante los sismos “y sobre todo los eventos naturales”.

A pesar de esto, Maldonado recuerda que toda construcción requiere de mantenimiento, y un sistema constante de evaluación, para evitar la degeneración rápida de las edificaciones.

A muchas de las casas que son alquiladas para ser utilizadas como oficinas, sobre todo en la parte pública, tampoco se les ha brindado la atención debida y eso ha provocado que muchas de las estructuras hayan colapsado o que estén de alguna forma en riesgo de sufrir daños estructurales, ante un embate natural.

CULTURA DE PREVENCIÓN

En países con un nivel mediano en desarrollo es más frecuente que las afecciones sean mucho mayores para su población, pues se tiende a dar cobertura a las necesidades presentes y no a las futuras, con lo que el sistema de prevención resulta ser muy débil. De esta manera, estas inesperadas situaciones golpean aún más a los países subdesarrollados.

Ante este panorama de alto riesgo, la prioridad es la conservación de la vida humana por lo que se hace necesario que se apliquen planes de contingencia o emergencia previa, opina Maldonado. Así, una de las necesidades primarias que resalta la conocedora en gestión de riesgos, es la necesidad de capacitar a las personas en temas de prevención.

En este punto, García relaciona la falta de una cultura de prevención con la escasa educación que reciben las personas en casa y en las escuelas, pues desde estos espacios se debería de enseñar a los niños a reaccionar en caso se presente una inundación, incendio o sismo.

De esta manera,  la falta de estos conocimientos imposibilita una reacción adecuada basada en la prevención, lo que la profesional en arquitectura señala como “elementos que restan” posibilidades de sobrevivencia a la sociedad.

Igualmente, esta situación se torna más grave cuando las autoridades, por ejemplo del interior, desconocen las medidas para resguardar o auxiliar a su población. Todo esto se enmarca no solo en la baja escolarización sino en la falta de voluntad política que existe por mejorar las condiciones de seguridad de los edificios.

“Todavía no estamos al nivel de poder asegurar que no va a haber muertos, porque sí los va a haber. Claro, se ha trabajado y cada vez se ha avanzado más en el tema de riesgo”, asegura García.

De acuerdo a la entrevistada, un elemento vital para disminuir los riesgos es un aporte económico constante, no solo para dar mantenimiento a los edificios públicos sino para sustentar una nueva ley que permita la construcción de casas para las familias del sector empobrecido, quienes ante la falta de un techo habitan en lugares de alto riesgo.

CAUSAS DE DESIMPLEMENTACION

A decir del vocero de Conred, una de las causas por las que estas normas de seguridad -rutas de evacuación, capacitaciones, extintores, entre otros- son pasadas por alto en la mayoría de los edificios se debe a “la falta de cultura de prevención”, por lo que hace falta que las personas entiendan que estas inversiones a los edificios son necesarias para resguardar la vida.

De León aconseja que estos parámetros de seguridad no sean vistos como un gasto sino como una inversión, en el tema de gestión de riesgos, con lo que se necesitaría que los ciudadanos tengan un cambio de visión tomando en cuenta que estas medidas son la diferencia entre el peligro y la seguridad. Por otro lado, admite que no se ha dedicado suficiente atención a este tema en Guatemala.

La capacidad económica del dueño o encargado de los edificios es otro factor de fuerte influencia en el incumplimiento de estas normas.

MULTAS

En cuanto a las multas que la Coordinadora impone a las personas que incurren en incumplimiento de las normas de seguridad éstas pueden ser tan elevadas como el costo de diez sueldos de la persona responsable de habilitar el uso de un edificio sin que cuente con los requisitos mínimos, hasta un millón de quetzales.

En el último año no se emitieron dichas multas pues la Conred tiene un plan de funcionamiento que consiste dar aviso al dueño o encargado del edificio además de dar un tiempo prudencial para que la persona o personas se encarguen de equipar a la construcción con las medidas requeridas.

En cuanto a las construcciones de uso esencial -escuelas, hospitales y centros de salud-, “hay algunos centros asistenciales en los que en algún momento el edificio podría tener algún tipo de colapso, pero hace falta reforzar todo eso. Este es el reflejo y la necesidad que tiene que tener todo el país para fortalecer el sistema de gestión de riesgos”, refiere De León.

PLANES DE CONTINGENCIA

Según palabras de Maldonado, como parte de un plan de contingencia en una primera fase cada institución pública debería de velar por el inmueble que le corresponde, esto mediante la realización de una evaluación del estado actual de la construcción, con el fin de determinar los daños que ésta pueda poseer, como el estado de conservación en el que se encuentra y las modificaciones o alteraciones que ha sufrido el sistema constructivo a lo largo del tiempo.

Como una segunda fase, Maldonado recomienda aplicar una serie de acciones para poder conservar al edificio de la manera adecuada, lo que incluye la revisión del cableado para evitar incendios inesperados a causa de cortos circuitos.

Y en última instancia, un plan de emergencia sería la salvaguarda de la vidas de los miles de guatemaltecos que laboran en edificios públicos.

Esto incluye equipar cada nivel con extintores, identificar las rutas de evacuación, e incluso la práctica de simulacros, por aparte, las capacitaciones al personal sobre qué hacer y cómo utilizar la indumentaria a su disposición.

EDIFICIOS DE GRAN ALTURA

Al preguntar sobre las medidas de seguridad para los edificios de gran altura, el experto explica que estas construcciones son de alto riesgo toda vez que aglomeran más personas y el descenso y salida del personal es un proceso más largo, que toma tiempo valioso en el que se define la conservación de varias vidas.
Por ello, para este tipo de edificios es recomendable la instalación de escaleras de emergencia en el exterior del mismo, a manera de agilizar la salida de más personas. Este tipo de rutas alternas de evacuación apresuraría el proceso de salida , sobre todo si se toma en cuenta que las rutas internas pueden congestionarse o colapsar. En estos casos, pocos edificios públicos cuentan con este sistema de liberación. El edificio del Ministerio de Finanzas Públicas es uno de ellos.

A decir del vocero de Conred, algunos de los edificios más altos de la zona 1como la Torre de Tribunales, el Instituto de Previsión Militar (IPM), y el edificio de Finanzas cuentan con las medidas y señalamientos de seguridad en caso de que una calamidad se presente. “Lo que queremos es que las mismas instituciones se estén interesando en el tema y le den cumplimiento a todo ese tipo de normativas”, indica.

PRESUPUESTO

Respecto a este tema, Alexander Castillo, diputado integrante de la Comisión de Finanzas en el Congreso de la República, dice que en el Presupuesto General de la Nación cada año ha habido un monto que cada ministerio dedica al mantenimiento de los edificios, aun así al revisar detalladamente los documentos en mención solamente se encontró un rubro de arrendamiento, pero nada sobre el mantenimiento de estas construcciones.
Los últimos dos años 76 millones 565 mil 954 quetzales fueron destinados al pago de alquileres.

Al hablar de gestión de riesgos pareciera que hechos estrepitosos podrían ocurrir en un futuro lejano, por lo que es común que las personas tomen a la ligera los temas de seguridad, pero estos sucesos afectan la vida de las personas, no  solo a nivel psicológico sino que también a nivel económico.

Por ello, es necesario que se incluya en el presupuesto de cada ministerio un monto para el mantenimiento y optimización de las medidas de seguridad de los edificios, a la vez que se capacite a las personas sobre las acciones a realizar ante los momentos de emergencias, como parte de los métodos de prevención.