Un informe realizado por International Crisis Group hace un análisis sobre la situación de violencia y narcotráfico en Guatemala. Según el informe, el sangriento ingreso de los Cárteles Mexicanos a Guatemala es el último de los capí­tulos de un cí­rculo vicioso de violencia y fallos institucionales. La geografí­a ha colocado al paí­s –ubicado a medio camino entre Colombia y Estados Unidos- en una de las más ocupadas intersecciones para el tráfico ilegal de drogas. Cocaí­na (y ahora los ingredientes para las drogas sintéticas) llegan por aire, tierra y mar y de allí­ hacia México en su ruta hacia Estados Unidos.

Las tierras altas y su clima templado, son ideales para la siembra de amapola. En cuanto a las armas, con una ley que es muy tolerante y una larga historia de mercado negro, son excesivas en el paí­s. Una empobrecida, desempleada población, es materia dispuesta para ser reclutada. El ganador de las elecciones presidenciales de noviembre, necesitará enfrentar las inequidades sociales y económicas mientras se enfrenta también a la violencia y corrupción asociada al tráfico de drogas. El apoyo decisivo de la comunidad internacional es necesario para asegurar que los retos no sobrepasen una democracia que se sigue recuperando de décadas de violencia polí­tica y esquemas militares.

Las pandillas juveniles y criminales comunes florecen bajo las mismas condiciones que los narcotraficantes que operan con total impunidad: Una fuerza de policí­a desmoralizada, un comúnmente intimidado o corrupto sistema de justicia y una ciudadaní­a que desconfí­a de unas fuerzas de seguridad que hacen que los ricos contraten seguridad privada mientras que los pobres se arman con lo que puedan en grupos de vigilancia. Durante la pasada década, la tasa de homicidios se ha duplicado, de 20 a más de 40 por cada cien mil habitantes. Mientras que los traficantes contribuyen a que la ola criminal en las regiones fronterizas y por los corredores de la droga se incremente, las pandillas juveniles aterrorizan las áreas habitacionales de la Ciudad de Guatemala.

Los ultrajes cometidos por el más sanguinario grupo mexicano, los Zetas –que decapitan y desmiembran a sus ví­ctimas para tener más impacto- generan los mayores titulares. Los cárteles de droga violentos, de cualquier manera, no son la única manifestación de las maras y organizaciones clandestinas que han dominado la sociedad de Guatemala y resquebrajado sus instituciones. Cómo cambiar esta dinámica, es uno de los retos más importantes que tendrá el ganador de la elección de noviembre. Ambos, Otto Pérez Molina y Manuel Baldizón, han prometido que serán fuertes contra los criminales, pero parecen posturas que fallan en incluir una estrategia de cumplimiento de la ley para beneficiar acciones esporádicas y triunfos de corto plazo.

Durante décadas, el Estado ha sido el más prolí­fico violador de los Derechos Humanos. Durante la guerra de 36 años que terminó con la firma de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera de 1996, las fuerzas armadas habí­an asesinado ciudadanos que en las áreas rurales eran sospechosos de brindar algún apoyo a la guerrilla. Justo cuando Guatemala se estaba recuperando de años de violencia polí­tica, el control del mercado de la droga se estaba trasladando de Colombia hacia México. El aumento de controles en el Caribe más la captura de lí­deres de cárteles colombianos, hizo que los traficantes mexicanos se convirtieran en los encargados de la distribución a finales de los años noventa. El presidente de México, Felipe Calderón, y sus medidas a partir del 2006 obligaron a los traficantes a importar más droga hacia Centroamérica y luego moverla hacia el Norte por tierra.

El enví­o de cargamentos de drogas por Centroamérica, ha sido un multiplicador en las actividades criminales. La violencia es especialmente intensa en las zonas costeras y los departamentos de la frontera, donde los traficantes y las maras se han diversificado hacia otras actividades como el mercado de droga para el consumo, prostitución, extorsiones y secuestros.

En algunas regiones, los narcotraficantes se han convertido en los emprendedores prominentes, con negocios tanto lí­citos como ilí­citos. Ellos participan en las actividades de las comunidades, entregan regalos a los necesitados y financian campañas polí­ticas. Sus brazos armados les ofrecen protección de otras bandas criminales o la delincuencia común. Los que financian los cultivos de amapola proveen a la población indí­gena en estado de pobreza con un gran ingreso monetario que nunca han siquiera conocido. Pero estos grupos de tráfico doméstico, también operan bajo la impunidad de controlar las tierras e intimidar o eliminar a sus competidores en la región. La policí­a local y las autoridades judiciales sin recursos y ampliamente desconfiados, ofrecen nula oposición.

Hay algunos signos de progreso. La Fiscal General está reviviendo algunas investigaciones sobre abusos contra los Derechos Humanos mientras agresivamente busca reducir la actual amenaza del crimen organizado. Una veterana activista de Derechos Humanos fue nombrada por el gobierno saliente para que reforme la policí­a. La Comisión Internacional Contra la Impunidad –CICIG-, una iniciativa de Guatemala-Naciones Unidas, está persiguiendo a criminales con casos de alto perfil. Los donantes están financiando unidades especiales, invirtiendo en herramientas de investigación y en instalaciones del sistema de justicia. Más aun, durante el año pasado, autoridades centroamericanas han arrestado a media docena de traficantes guatemaltecos de alto nivel que están esperando ser extraditados hacia Estados Unidos.

Pero para terminar la impunidad que ha permitido a las redes de traficantes y otras organizaciones ilegales florecer, se requiere de un compromiso de largo plazo y un esfuerzo multidimensionado. Para fortalecer los avances recientes y facilitar el terreno para reformas sostenibles, es urgente que:

* El nuevo presidente permita que la Fiscal General, Claudia Paz y Paz, complete su perí­odo de cuatro años, el compromiso de apoyo absoluto a la Comisionada de Reforma Policial, Helen Mack e incentivar los esfuerzos de la CICIG para perseguir casos de alto perfil y construir capacidad de persecución;

* Los lí­deres polí­ticos y empresariales deben trabajar juntos para incrementar los recursos para combatir el crimen organizado y fortalecer los programas sociales mientras se establecen las polí­ticas anticorrupción que mantendrán a los servidores públicos como responsables por el manejo de los fondos del Estado;

* Los lí­deres regionales deben aumentar su cooperación para dificultar los enví­os de narcóticos y romper los grupos del crimen transnacional por medio del uso de entidades como el Sistema de Integración Centro Americana;

*  Los Estados Unidos y otros paí­ses consumidores deben proveer ayuda financiera en concordancia con su interés nacional de detener el comercio de drogas y apuntar no solo a arrestar a los traficantes pero también a construir fuertes y democráticas instituciones; y
* Los lí­deres internacionales deben abrir el debate sobre las polí­ticas contra narcóticos, incluyendo estrategias diseñadas para combatir tanto a producción como el consumo; es momento de reevaluar las polí­ticas que han fallado en aliviar los daños causados por la adicción a las drogas y fallado en la reducción de la corrupción y la violencia asociada con la producción y comercio de droga.