La agencia estadounidense encargada de detectar las armas que llegan ilegalmente a México no coopera adecuadamente con su vecino del sur, a pesar de un claro aumento de sus investigaciones e incautaciones, según un informe divulgado hoy.
La agencia encargada del contrabando de alcohol, tabaco armas y explosivos (ATF por sus siglas en inglés) «no comparte sistemática y coherentemente informaciones con sus aliados mexicanos y con algunas de sus agencias asociadas en Estados Unidos», explicó el informe interno del Departamento de Justicia sobre el Proyecto Gunrunner (Traficante de Armas), que se inició en 2005.
En los últimos tres años del programa, entre junio de 2007 y junio de 2010, el Proyecto Gunrunner ha intensificado sus esfuerzos ante la oleada de violencia criminal en México, resalta el estudio.
La ATF, con poco más de 5 mil funcionarios, «incrementó el número de inspecciones de vendedores de armas en la frontera suroeste en un 133%», y en un 37% el número de detenidos en esa región (California, Arizona, Nuevo México y Texas) durante este periodo.
A modo de ejemplo, la agencia desplegó durante cuatro meses un equipo especial de 100 investigadores en Texas que culminó con más de mil inspecciones e investigaciones que condujeron a la aprehensión de más de 400 armas.
Pero al mismo tiempo, los agentes de la Agencia a menudo no comparten datos entre sí de forma extensiva, ni tampoco con otras importantes oficinas de lucha contra el crimen organizado como la Administración Antidrogas (DEA), a pesar de que las organizaciones criminales no distinguen entre el tráfico de armas, de drogas o de personas.
«Hallamos que el 68% de los casos abiertos por el Proyecto Gunrunner son casos individuales, y que algunos responsables de la ATF desalientan a los agentes que quieren llevar a cabo las investigaciones de alta complejidad que se requieren contra los miembros de alto nivel de organizaciones de traficantes», asegura el texto.
La ATF incrementó el número de agentes permanentes en México hasta 8, y ha entrenado a centenares de policías de ese país.
Sin embargo, «los intentos de extender el rastreo de armas en México no han sido fructíferos», explica el informe.
El número de peticiones de rastreo de armas desde México ha aumentado de forma explosiva desde 2005, pero no siempre con éxito, explica el texto.
En 2005 la ATF atendió un total de 1.518 peticiones de identificación de armas desde México, y pudo satisfacer un 44% de ellas. En 2009 fueron más de 21 mil las peticiones, pero solamente el 31% (poco más de 6 mil) tuvieron éxito.
Las peticiones para que se identifique al vendedor de origen del arma confiscada a un criminal mexicano no acostumbran a prosperar porque llegan demasiado tarde, y también porque los investigadores mexicanos no consideran que sea un método realmente útil, critica el informe.