Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su informe El Derecho Humano al Agua y al Saneamiento frente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el Estado de Guatemala ha incumplido en su compromiso de garantizar el acceso al vital líquido para el 97% de la población.

El documento advierte, además, que la percepción generalizada da cuenta de que existe un sistema de privatización del recurso hídrico por el alto costo que puede llegar a tener en algunas comunidades en regiones del interior del país y critica que las fuentes de agua para consumo humano cada vez disminuyen, debido al aumento de actividades extractivas.